Cárcel para más alcaldes: ORFIS

El Ayuntamiento de Veracruz podría acumular una denuncia más por supuesto daño patrimonial, adelantó Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior.

Recordó que hace seis meses el ORFIS denunció a quien resulte responsable (del ayuntamiento porteño) por daño patrimonial a la Cuenta Pública 2018 y se mantiene pendiente 2019 y 2020, donde se presume un monto superior a 78 millones de pesos sin comprobar.

“Y luego 2021, esto no se termina aún. Hay que mencionar que ellos (autoridades municipales) no se han acercado con nosotros, no hemos recibido documentación de ellos, sin embargo, hay una buena cantidad señalada de daño patrimonial de 2019 y también 2020, son más de 78 millones de pesos”.

En su visita al Corporativo IMAGEN, la auditora general explicó que en el caso de 2018 fueron cerca de 10 millones de pesos que no regresaron dentro de los tiempos que indica la ley.

Dicho dinero se encontraba etiquetado para la ejecución de una obra.

Incluso el Ayuntamiento de Veracruz aparece en los dictados de seguimiento del Órgano de Fiscalización Superior.

El ORFIS presenta los recursos contra quien resulte responsable de los supuestos malos manejos.

Cabe mencionar que cuando se interpone una denuncia los responsables son: el alcalde, el síndico o la síndica, así como el tesorero y el director de Obras Públicas.

 “La autoridad es la que va a determinar. Nosotros decimos el alcalde es Fernando Yunes, el síndico Alma Aida Lamadrid, el tesorero es tal y el director de Obras es tal. Cada uno realizó esto y aquello, pero no decimos él es el culpable, no podríamos hacerlo”.

González Cobos admitió que no han requerido a las autoridades municipales, pero ellos tampoco se han acercado como lo hicieron otros, por el interés que tienen en desvirtuar las observaciones.

Que los alcaldes concluyan su gestión no significa que quedan liberados de responsabilidad y deberán realizar las aclaraciones correspondientes.

Aunque aún hay tiempo para que el resto de los ayuntamientos solventen observaciones a la Cuenta Pública 2020, el apuro es porque terminan su gestión en diciembre y deben concluir sus ejercicios fiscales para quedar liberados de la responsabilidad en que pudieran incurrir.

Sin embargo, aún no se emiten acuerdos de conclusión.

El daño patrimonial de la Cuenta Pública 2020 es de mil 800 millones de pesos y cerca de 2 mil 800 millones de 2019.

Acompañarían a Tito Delfín

La auditora general advirtió que existen denuncias abiertas por daño patrimonial a las cuentas públicas 2017, 2018 y 2019 y otros exalcaldes podrían ser detenidos, como ocurrió con Tito Delfín Cano, por daño patrimonial en el año 2012.

A la fecha, el Órgano de Fiscalización Superior acumula 200 denuncias por un presunto daño patrimonial de 33 mil millones 380 mil pesos del periodo mencionado con anterioridad.

“Los cuatro ejercicios en los que estamos trabajando no han quedado concluidos de las responsabilidades señaladas anteriormente. Todos deben estar pendientes porque mientras no concluyan esas observaciones que quedaron pendientes tienen responsabilidad. Lo que siempre les he dicho es que deben estar capacitados para no cometer esos errores además que deben cumplir con la ley”.

Puntualizó que la Fiscalía General del Estado da seguimiento a las carpetas de investigación de las denuncias interpuestas por daño patrimonial y podría continuar la detención de más alcaldes o exalcaldes.

“Quienes cumplen no tienen problema y quienes no han cumplido son quienes tienen los problemas ahora”.

Concejo Municipal Ciudadano

Los Consejos Municipales que lleguen a entrar en funciones el próximo año, por determinaciones en materia electoral serán fiscalizados como cualquier otro ente, señaló la titular del ORFIS.

Cabe recordar que en dos municipios del estado habrá elecciones extraordinarias en 2022 y sigue pendiente de definirse el caso de la alcaldía de Veracruz.

Uno es Chiconamel, al norte de la entidad y Jesús Carranza, al Sur, donde el Congreso Estatal nombrará Consejos Municipales Ciudadanos, en tanto se lleva a cabo una nueva jornada de votaciones.

“Quien dirija el comité municipal será el responsable de la aplicación de los recursos y se les fiscaliza igual, ya lo hemos hecho en otros casos como Mixtla de Altamirano y Actopan”.

Se tendrán que establecer competencias de los concejos que lleguen a entrar en funciones y sus cuentas públicas serían revisadas hasta 2023.

Documentos apócrifos

El Órgano de Fiscalización Superior detectó al menos 20 casos de ayuntamientos que presentaron documentación apócrifa para tratar de solventar observaciones a la Cuenta Pública 2020, por lo que en enero presentarán las denuncias correspondientes.

Delia González Cobos, auditora general, no descartó que se sumen más entes fiscalizables, quienes además de hacerse acreedores a sanciones administrativas adquirirán una responsabilidad penal.

“Tenemos casos de validaciones que percibimos que podían ser documentos falsos, pero también otros casos donde las comprobaciones resultaron en facturas falsas, CFDIS que no corresponden a la comprobación que debía darse, entonces está variado el tema. Independientemente de la responsabilidad administrativa se presenta el caso de una responsabilidad penal que denunciaremos”.

La titular del ORFIS dijo que cuentan con 263 expedientes que corresponden a 2019 y 270 radicados de la cuenta pública 2020.

Recibieron documentación de los entes fiscalizables con el propósito de hacer las aclaraciones correspondientes y concluir los ejercicios, sin embargo, en su mayoría no ha sido suficiente la comprobación porque hay documentos que dependen de otras instancias.

 “Estamos en esa revisión exhaustiva para poder identificar plenamente los casos en los que pudiera haberse algún delito por la presentación ante una autoridad de documentos apócrifos, falsos. En enero vamos a presentar algunas denuncias, aun no puedo dar un número determinado pero hubo casos durante la revisión que se detectó que había documentos falsos”.

González Cobos insistió en que existen otros órganos que deben expedir cierta documentación a los entes fiscalizables y por la pandemia detuvieron trámites.

El 1 de enero comenzará la revisión de la cuenta pública 2021 para lo que solicitarán documentación para emitir primeros resultados a finales de marzo.

Ya se lleva un avance por lo emitido de manera trimestral. Dicha información se encuentra en el sistema y permitió planear la auditoría.