La familia Yunes, con un peso considerable en la política veracruzana, ha sido protagonista de diversas controversias en años recientes. Figuras como Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos, Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez, han ocupado cargos relevantes en el estado. No obstante, sus trayectorias han estado acompañadas por acusaciones legales, disputas partidistas y observaciones administrativas por parte de instancias federales.
A continuación, se detallan tres de las polémicas más representativas que han rodeado a este grupo político.
En junio de 2024, la Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió una orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez, exalcalde de Boca del Río, por presuntos delitos de falsificación de documentos, fraude procesal y falsedad ante la autoridad.
Los señalamientos surgieron tras su intento de candidatura a la alcaldía de Veracruz en 2021, cuando habría presentado documentación falsa para acreditar su residencia. Aunque logró obtener un amparo que impidió su detención, el caso se mantuvo en los medios debido a su posterior llegada al Senado.
Su hermano, Fernando Yunes Márquez, también enfrentó una orden de aprehensión derivada de denuncias de extrabajadores del Ayuntamiento de Veracruz, quienes lo acusaron de obligarlos a participar en actos de campaña a favor de su hermano, presuntamente en horarios laborales y bajo presión.
Otra controversia relevante ocurrió en septiembre de 2024, cuando Miguel Ángel Yunes Márquez votó a favor de la reforma judicial promovida por el gobierno federal, alineado con Morena. Esta decisión contravino la línea política de su partido, el PAN, que rechazaba dicha reforma.
La postura adoptada por Yunes Márquez fue interpretada como una ruptura política y generó tensiones internas que derivaron en su expulsión, así como en la de su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz.
Durante el mandato de Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador (2016-2018), se llevó a cabo un ambicioso programa de videovigilancia en distintos municipios del estado.
Sin embargo, en 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades en el uso de más de 350 millones de pesos destinados al proyecto.
Los hallazgos fueron turnados a la Fiscalía General de la República (FGR), bajo sospechas de actos de corrupción y manejo inadecuado de recursos públicos, aunque hasta la fecha no se han fincado responsabilidades legales directas.
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