Crecen denuncias por amenazas y expedientes mal armados en capturas de narcos

Pese a que en la administración actual, las capturas de narcotraficantes y cabecillas de los principales cárteles de la droga en el país mantienen un ritmo mayor al de gobiernos anteriores, amenazas en contra de funcionarios federales así como expedientes 'contaminados' han influido en la liberación de éstos criminales.

De acuerdo con la data de la Fiscalía General de la República (FGR), en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han detenido 35 liderazgos de rango medio-alto de las principales células criminales que se disputan la plaza en territorio mexicano.

La Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y el Estado de México, son las entidades que encabezan la lista de detenciones; sin embargo, la falta de capacitación en los agentes que forman los archivos, así como un alza en las intimidaciones a jueces y titulares de Ministerios Públicos, ha detonado en que los criminales salgan en cuestión de días. Incluso horas.

Sólo de 2019 al primer semestre de este año, se han registrado 264 amenazas directas en contra servidores públicos relacionados con el desempeño e impartición de justicia a nivel nacional, es decir, casi el doble de denuncias que registraron de 2017 a finales de 2018, con 143, según informa la Fiscalía.

Es más, organizaciones de la sociedad civil, como México Unido Contra la Delincuencia, precisan que la falta de capacitación entre el cuerpo policial y judicial en la República, bajos salarios y el temor de represalias en contra, ocasionan que en muchas ocasiones se "vicien" los procedimientos para entorpecer las sentencias de los acusados.

El caso más polémico de lo que va de la llamada Cuarta Transformación, es la captura y posterior liberación a manos del Ejército de uno de los hijos de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, quien tras un operativo por las fuerzas federales fue detenido y en consecuencia se desató una escalada de violencia en la entidad, narcobloqueos y una serie de balaceras en Culiacán, como no se había visto antes.

La presión fue tal, que minutos después de la liberación del capo sinaloense, el titular del Ejecutivo federal, aceptó que se vieron rebasados por el Cártel de Sinaloa, que sitió la ciudad por varias horas en represalia por la detención de Ovidio.

En la capital mexicana la situación ha sido similar también, pues la Secretaría de Seguridad Pública, en colaboración con la Fiscalía local, ha reportado numerosas detenciones de líderes de cárteles como la Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac, y otros; pero la falta de pruebas y expedientes mal elaborados, ha orillado que éstos criminales queden en libertad.

A través del oficio FGR/UTAG/DG/001501/2019, la FGR confirmó que se recrudeció la pelea de cárteles como el de Sinaloa, La Familia Michoacana, los Arellano Félix, entro otros, que además mantienen una fuerte influencia en estados del sur y del norte.

BAJAN PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD A ALTOS FUNCIONARIOS

Adicional a ello, bajo el argumento de austeridad republicana todas las dependencias del gobierno federal -incluidas las de seguridad nacional- enfrentan un recorte histórico, esto impactó el nivel de seguridad que se brinda a funcionarios que desarrollan actividades, catalogadas como de alto riesgo.

Por ejemplo, las dependencias de Seguridad Pública, en todas las entidades, sufrieron un recorte de su presupuesto en más de 33% en promedio, esto significó eliminar guardaespaldas y la renovación de la flotilla vehicular para titulares de la función pública.

Ante esta situación, especialistas, precisan, que es necesario garantizar la seguridad y el bienestar de funcionarios que desarrollan este tipo de actividades para brindar un buen funcionamiento a la hora de ejecutar su trabajo.

Armando Rodríguez, coordinador general de la Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (Casede) aseguró en entrevista que parte de los buenos procedimientos de la justicia mexicana y, posteriormente, en una correcta sentencia en contra de narcotraficantes, dependerá de que las autoridades y servidores no estén coaccionados o se encuentren vulnerables ante las amenazas del crimen organizado.

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