La secretaria de gobernación Luisa Alcalde exhibió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intenta modificar la constitución para quitar la prisión preventiva de oficio y entre los estados más afectados Veracruz sería el tercer más dañado de todos.
Durante la rueda de prensa matutina del presidente de México Andrés Manuel López Obrador indicó que se trata del artículo 19 constitucional el cual señala que la prisión preventiva de oficia establece que los acusados de cometer delitos de alto impacto para la sociedad, como homicidio, secuestro, abuso infantil, entre otros, deben llevar su proceso en prisión.
“Para garantizar que el acusado comparezca a juicio, que no haya una fuga y salvaguardar la seguridad de las víctimas y testigos, la suprema corte de justicia en las próximas semanas estará promoviendo invalidar el artículo 19 constitucional”.
Esta decisión la toma por una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se pidió adecuar las leyes y así quitar la prisión preventiva, aunque esta obliga a todo el estado mexicano, la corte la atrajo disponiendo como se debe aplicar sin tomar en cuenta otras instituciones.
Puntualizó que la corte se excede en sus facultades tomando una decisión sin dimensionar lo que esa aplicación le provocará al país en materia de seguridad, comenzando por darle libertad a miles de detenidos por casos graves.
“Esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa a día de hoy, estamos hablando de 11 mil 640 de acusados de homicidio, 7 mil 15 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 13 de narcotráfico, 3 mil 800 de portación de armas y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores, y 405 por delincuencia organizada”.
Entre los estados afectados por esta decisión señaló que Veracruz está en tercer lugar pues de los detenidos la entidad cuenta con 4 mil 554, solo superado por Jalisco y el Estado de México que tiene el primer lugar.
Luisa Alcalde que la gran cantidad de detenidos está relacionada con la tardanza de los mismos jueces en resolver los casos además de los recursos que los señalados interponen retardado el caso por años.
“Es un asunto que debe atacar el Poder Judicial, la tardanza de los procesos y las resoluciones, la liberación de estas personas pondría en riesgo a los testigos y a las víctimas, al personal de la policía, de las fiscalías, los juzgadores, a la población en su conjunto”.
Luisa Alcalde dijo que se trata de un riesgo de preocupación nacional pues se trata de criminales de alto riesgo. Además, esto añadiría una carga excesiva de trabajo para las fiscalías que solo provocará más retrasos a la impartición de justicia,
Sumado a esto la secretaria de gobernación recordó que el actuar de la SCJN está en contra de los intereses del pueblo mexicano, ya que resolución se basa en obedecer recomendaciones de organismos internacionales, cuando la ley mexicana es clara que esto no implica renunciar a la soberanía y derecho a autodeterminarse.
“Ningún estado, gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su constitución, modificar su régimen político o su forma de gobierno, hacerlo es un acto de inadmisible de injerencia, y a quien le toca defender la constitución a la propia suprema corte de justicia de la nación”.
Señaló que la ley es clara que la constitución mexicana está por encima de las recomendaciones de una organización extranjera, la misma SCJN antes ya ha aplicado ese criterio, “el articulo 9 sobre la ley de celebración de tratados señala que México no puede reconocer resoluciones de organismos internacionales cuando esté de por medio la seguridad del estado, el orden público o cualquier otro interés general de la nación”.
Luisa Alcalde dijo que la corte se excede pues solo el congreso de la unión tiene la facultad de cambiar la ley con la mayoría de los congresos locales, por lo que el poder Judicial tiene la intención de asumirse como, “el gran poder de los poderes”.
Señaló que además de no excederse la SCJN debe mejor pensar en el bienestar de la nación, y atender sus propias fallas como la demora para hacer justicia.
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