Siempre estuvo enterado el presidente Enrique Peña Nieto de los mecanismos que durante su gobierno hubo para desviar miles de millones de pesos del erario público.
Lo anterior lo manifestó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien agregó que “no había posibilidades de que el Presidente no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México”, aseguró.
Reveló que la información aportada por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya –señalado de participar en la red de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y quien ofreció aportar información a las autoridades– permitió ampliar la investigación a 70 personas, entre ellas Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, y David Penchyna, quien fue senador durante la discusión de la reforma energética y dirigió el Infonavit en el último tramo del sexenio pasado.
Nuevas investigaciones
Dio a conocer que hay una nueva investigación por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Peñasco, Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y adelantó que también se presentó una denuncia contra Luis Miranda, secretario de Desarrollo Social durante una parte del gobierno de Peña Nieto, por haber legado bienes inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad al Sindicato Mexicano de Electricistas.
La UIF está adscrita a la Secretaría de Hacienda. Hasta el gobierno anterior tenía un papel más bien discreto. Ahora es una de las instancias claves en la estrategia del gobierno federal contra la corrupción, una de las principales políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Relata que encontró listas de personas que eran investigadas, entre ellas periodistas. Se hacía, dijo, “un uso político de la institución para fines de carácter económico o de persecución política.
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