Sobre la crisis financiera que enfrenta el Poder Judicial de Veracruz, derivada de los contratos realizados por el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Edel Álvarez, para la construcción de 21 ciudades judiciales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe investigar quién los autorizó, por lo que pidió al gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, informe y preceda al respecto.
El Mandatario señaló que, en este caso, aunque no aún hay indicios comprobatorios, no le extraña, debido a que comprometer el presupuesto público era una práctica común de las administraciones pasadas y Veracruz no es la excepción.
“Tampoco me extraña mucho, porque era lo que hacían, entregar estos contratos para hacer ciudades judiciales a empresas, comprometer el presupuesto, era la práctica”, aseveró.
Al reconocer que no tenía conocimiento de la existencia de estos contratos, que ascienden a 500 millones de pesos, el Presidente dijo que de comprobarse son “un abuso”.
Comentó que quizás este caso esté dentro de la denuncia que existe por corrupción en contra de gobiernos anteriores en Veracruz, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) está realizando las investigaciones pertinentes y será la instancia autorizada para ofrecer información.
“Nada más tengo el informe de que hay denuncias de corrupción de los gobiernos anteriores en el caso de Veracruz, pero es la Fiscalía General de la República la que podría informar. Y sobre esto no tengo yo más información a detalle, no sabía de estos contratos”, indicó.
Respecto al cierre de 29 juzgados derivado de este quebranto financiero, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que “está mal” que no se garantice la impartición de justicia en el estado, por lo que se debe investigar y fincar responsabilidades a quien dejo sin presupuesto al Poder Judicial en Veracruz.
Señaló que el caso de las 21 ciudades judiciales en tierra veracruzana es un caso similar a lo de los reclusorios, cuya construcción se hizo a través de contrato leoninos, por adjudicación directa y sin licitaciones.
López Obrador resaltó que este tipo de contratos era el “modus operandi” de los gobiernos municipales anteriores, y lo implementaban en otro tipo de obras como: hospitales y carreteras, con la finalidad de saquear las arcas públicas, endeudando a los estados.
“Yo les he hablado a los APP´s, de cómo desde Hacienda le hablaban a los gobiernos estatales para decirles ´si construyes esta ciudad judicial o este reclusorio o esta oficina administrativa con esta empresa te damos un crédito y lo vas pagando de tus participaciones´, y entonces hacían los contratos los gobierno estatales, contratos leoninos, porque además de que la empresa hacia la obra cobraba intereses a tasas elevadísimas.
Entonces, así se endeudaron los estados, por eso muchos tienen finanzas públicas muy escasas, a veces no tienen ni para pagar la nómina, porque lo que les llega no es lo que les corresponde por ley o por derecho, no les llega completo porque hay que descontar de las participaciones para entregarles el dinero a estas empresas. Hospitales, carreteras, todo hecho de esa manera, era un modus operandi, era una manera de saquear, de robar”, aseguró.
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