El Gobierno de México enfrentará legalmente la “guerra contra migrantes” del gobernador de Texas, Greg Abbott, al impugnar la ley SB4 que penaliza hasta con 10 años de reclusión a las personas migrantes ilegales o aquellas “que lo parezcan”.
Informó durante su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que anunció que su administración, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), impugnará la medida recientemente promulgada por Abott que criminaliza –aún más- la migración ilegal en Texas, EU.
Al respecto, el titular del Ejecutivo Federal refirió: “Relaciones exteriores para impugnar esta ley y además nosotros, vamos a estar siempre en contra de estas medidas, decirles a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo”.
En una intromisión más al proceso electoral de aquella nación, señaló que la decisión del mandatario texano se debe a que busca ser candidato a vicepresidente por el Partido Republicano, por lo que, con sus medidas pretende ganar popularidad, pero para él: “No va a ganar nada al contrario va a perder simpatías, porque en Texas hay muchos mexicanos, muchos migrantes, a él se le olvida de que Texas era de México”.
El presidente López Obrador abundó que el texano no reconoce el aporte de los migrantes a la consolidación de EU como nación, por lo que volvió a acusar que las acciones del político son meramente “politiqueras”, al punto de que este invierno ha enviado migrantes a Nueva York, u otros lugares, en donde viven demócratas y los dejan afuera de sus casas, como fue el caso de la vicepresidenta, Kamala Harris.
La ley firmada por Greg Abott este lunes, y que entrará en vigor en marzo de 2024, entonces permitirá a cualquier elemento policial de Texas, que detenga a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país, al tipificarlo como delito estatal.
Además de que autoriza a jueces locales ordenar la expulsión de migrantes a México, y destina mil 500 millones de dólares para que Texas construya su propio muro fronterizo, y se asignarán entre 20 y 30 millones de dólares de impuestos estatales por cada 1.6 kilómetros de muro.
Pese a esta aprobación, las leyes de inmigración en EU son competencia federal; en 2012 el Gobierno de Arizona estableció la ley SB1070, pero la Corte Suprema declaró que la mayor parte de esta disposición era inconstitucional.
La medida de Abott ha generado miedo entre los latinos de México -que representa 40 por ciento de la población texana-, y ha sido condenada por organizaciones de derechos civiles, y grupos defensores de migrantes.
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