Gobierno Federal podría cancelar contratos con penales privados

Tras el reporte otorgado por la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC) referente a las adjudicaciones directas en los contratos de prestación de servicios de ocho penales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, de primera instancia, buscarán llegar a un acuerdo, en caso contrario procederán a la cancelación de estos contratos que se firmaron cuando Genaro García Luna era el encargado de la seguridad nacional.

“Decirles que  hay una denuncia en Fiscalía General de la República que tiene que ver con  García Luna, ya  dí instrucciones al Consejero Jurídico para que se actúe en dos vertientes: se hable con los proveedores de los servicios y llegar a un acuerdo, porque es un abuso – por decirlo amablemente -, y si tienen voluntad de que haya un arreglo en beneficio de la agenda pública”.

Afirmó que la privatización de los reclusorios es un claro ejemplo de los negocios entre el sector privado con el sector público, “una mezcolanza que se alimentó del poder público, del poder económico y del poder político”.

“Aquí hubo abusos de todo tipo, los beneficiarios de estos contratos muy vinculados al poder. Me reservo los nombres, a no ser que me lo pida el INAI, pero son empresas muy vinculadas a políticos, mucho muy vinculadas a políticos, y esto es la que ya no queremos que vuelva a suceder en el país”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo dijo que de manera paralela se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos, en caso de que los proveedores no deseen llegar a un arreglo.

“Teníamos que actuar, porque ya nosotros estamos en falta, resulta que para cumplir con el contrato se pagó en el 19, se pagó en el 20. Es como lo de Odebrecht, que tuvimos que pagar 19, 20. Ya se detuvo porque, también, un contrato abusivo, contratos leoninos”.

La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que al hacer una revisión de los centros penales del país, en ocho existen convenios con el Gobierno Federal cuyo pago de servicios representan grandes cantidades de dinero.

La funcionaria federal detalló que la firma de dichos convenios se dieron durante la administración de Felipe Calderón y cuando el secretario de Seguridad Pública era Genaro García Luna. 

Estos ocho centros penitenciarios adjudicados a particulares se encuentran en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Coahuila, Chiapas, Morelos y Michoacán, y su gasto anual en 9 años ha sido de 775 mil 661 millones de pesos, aunque solo representa el 36 por ciento del pago total, la vigencia contractual es a 20 años, y todavía se deberá pagar 190 mil 638 millones de pesos de un costo total proyectado en 266 mil 300 millones de pesos a pagar en 2035; situación que ya se está analizando.

Por su parte, el Consejero Jurídico, Julio Scherer, dio a conocer que los contratos, cuyo monto aproximado fue de 270 millones de pesos, que se tenían con los proveedores de estos centros de readaptación social se dieron por adjudicación directa, y los servicios son en rubros como la adquisición del terreno, diseño del proyecto, equipamiento y desarrollo de la infraestructura.

“Así como de la conservación, el mantenimiento de las instalaciones y equipo de laboratorio, la limpieza, la jardinería, la alimentación, la dotación de uniformes y artículos de higiene personal a los internos durante la vigencia del contrato”.

En este contexto, el Presidente López Obrador señaló que a su gobierno le importa que haya castigo y, sobre todo, que recuperar lo robado y la reparación del daño. 

Dijo que el costo diario por la atención y resguardo de las personas privadas de su libertad – reos – tiene un costo al erario de tres mil 500 pesos diarios. 

“Es lo que yo gano al mes, es un hotel de gran lujo, esto es lo que tenemos que enfrentar”, aseguró.