Funcionarios no participaron en multihomicidio de la Narvarte en 2015: FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) negó anoche que algún funcionario de la dependencia estuviera relacionado con el caso Narvarte, en el cual fueron asesinadas cinco personas en un departamento hace ocho años.

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía, dio un mensaje en el que descartó que la dependencia encubriera a algún servidor público, como han señalado las familias de las víctimas.

“Respecto al pronunciamiento que hicieron los representantes de las víctimas sobre un servidor público de la institución que se desempeña como oficial secretario de la Agencia de Delitos Cometidos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, señalo enfáticamente que dicha persona no ha tenido ningún tipo de participación en la investigación del caso Narvarte”, afirmó.

Lara López explicó que al funcionario se le “han buscado datos o indicios que pudieran establecer su participación o la de algún familiar en los hechos”, sin embargo, aseguró que no han encontrado ninguna relación con el caso.

“Lo digo enfáticamente, esta Fiscalía no encubre a ningún servidor público que labore o que haya laborado en la institución”, reiteró durante su mensaje.

Sin embargo, señaló que el caso todavía no ha sido cerrado, y que seguirán con las investigaciones.

Asimismo, recapituló que la Fiscalía de Homicidios, de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), realizó diversas labores que llevaron a la captura y a la sentencia de quienes se acreditó que fueron los autores materiales de las muertes Abraham “N”, Daniel “N” y César Omar “N”, quienes cumplen penas de prisión en el Centro de Alta Seguridad de Santa Martha Acatitla.

De igual manera, reconoció que la Fiscalía aceptó la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en 2017, en la que la que se documentó diversas violaciones a derechos humanos de las víctimas directas e indirectas de este caso; entre ellas, que el deceso de las cuatro mujeres que se encontraban en el departamento no se investigó con perspectiva de género.

“La recomendación, misma que aceptamos, destacó también que no se agotó la línea de investigación relacionada con los antecedentes de violencia política que habían sufrido Nadia [Vera] y Rubén [Espinosa] antes de migrar a la Ciudad de México”, dijo.

“Con todas estas actuaciones podemos decir que la Fiscalía de la Ciudad de México está cumpliendo con el punto recomendatorio de la Comisión de Derechos Humanos capitalina para aplicar los Protocolos para Investigar Agresiones y Muertes de Personas Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos”, agregó.

FAMILIAS SEÑALAN A FUNCIONARIO

Ayer, las y los familiares de las cinco víctimas del multihomicidio en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, ocurrido en el 2015 denunciaron en un mensaje a medios que un funcionario de la FGJ-CdMx, de nombre Luis Javier García Saldaña, podría estar vinculado con el caso y haber participado en el ocultamiento de información y entorpecimiento de la investigación oficial de los hechos.

García Saldaña, quien se nombró como agente del Ministerio Público de la FGJ-CdMx en una declaración patrimonial de 2023 disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, era suegro en el 2015 de César Omar Martínez Zendejas, quien fue sentenciado por diversos delitos —incluyendo homicidio y feminicidio— por su participación en el caso Narvarte, y padre de Alejandro “N”, señalado de haber participado, pero que nunca ha sido investigado.

Madres y hermanos de las víctimas denunciaron que la Fiscal Ernestina Godoy se había comprometido a dar respuesta de las diligencias este año, pero no ha brindado justicia y únicamente ha dado avances mínimos, por lo cual acusaron a las autoridades de simular las diligencias.

Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista asesinado, indicó que la Fiscalía les había citado este 31 de julio para una reunión, pero cuestionó que los funcionarios tuvieran hallazgos sustantivos del caso para presentar y acusaron que fue una estrategia para que se cancelara la rueda de prensa ya agendada. Por ello, declaró que las familias se negarán a participar en más diálogos con la institución capitalina hasta que no se investigue a García Saldaña, cuyo hijo habría estado involucrado en el caso Narvarte.

“Ya no existen condiciones para mantener reuniones de seguimiento con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, expuso Espinosa. “Hasta en tanto se investigue de manera real y formal a las personas que se presume se encuentran relacionados con los hechos en los que se privaron de la vida a nuestros familiares, y que actualmente tienen vínculos con al menos una persona que detenta puestos públicos en la Fiscalía. (…) Nos negamos a participar nuevamente en estas reuniones hasta que no se investigue a esta persona”.

CASO NARVARTE: OCHO AÑOS DE IMPUNIDAD

Fue el 31 de julio de 2015 cuando Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Martin, la activista Nadia Vera, y el fotoperiodista Rubén Espinosa fueron asesinados en Luz Saviñón 1909, en la colonia Narvarte.

Espinosa había llegado mes y medio antes a la Ciudad de México después de haber recibido amenazas en Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), al igual que Vera, presuntamente por su labor de defensa de derechos humanos.

A ocho años de los hechos, los familiares exigieron que la Fiscalía de Godoy agote todas las líneas de investigación, incluyendo una presunta relación con las amenazas recibidas por Espinosa y Vera por sus respectivas labores como fotorreportero y activista de derechos humanos, a manos del Gobierno veracruzano.

“¿Qué es justicia, si la Fiscalía de la Ciudad de México dosifica la información y con ello nos tortura? (…) ¿Qué es justicia, si los empleados de una institución, que deberían velar por la justicia, alteraron la escena del crimen, interrumpieron la cadena de custodia, y ocultaron el arma?”, cuestionó Mirtha Luz Pérez, madre de Nadia.

Y a pesar de que en el 2017, la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) emitió la Recomendación 04/2017 en la que acreditó violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad de autoridades capitalinas, los puntos de acuerdo no se han materializado y las familias de las víctimas no han obtenido justicia.

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