Expolíticos mexicanos: líderes en lavado de dinero en Estados Unidos

Según un reciente informe, los expolíticos mexicanos ocupan los primeros lugares en los casos de lavado de dinero a través de la compra de bienes raíces en EE.UU.

El informe 'Acres de Lavado de dinero, por qué el sector inmobiliario estadounidense es el sueño de la cleptocracia', del think tank Global Finance Integrity (GFI), recoge la compra de mansiones, yates, condominios de lujo y residencias multimillonarias en EE.UU. como una de las prácticas más usadas en los últimos tiempos por ex altos cargos mexicanos para desviar recursos de dudosa procedencia.

Entre los nombres enumerados se encuentra el exgobernador del estado de Veracruz Javier Duarte, con 30 casas en Florida; el exgobernador de Oaxaca José Murat, con seis bienes inmuebles en Nueva York, Florida y Utah; y el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, con propiedades en Texas e Isla del Padre. También constan el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, con una casa de 3,3 millones de dólares en Golden Beach, y el actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Todos ellos se encuentran detenidos en distintas cárceles mexicanas y estadounidenses.

¿Cuál es su objetivo?

La vicepresidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Reyna Cruz López, opina que lo que aflora es que "cualquiera que tenga esos recursos de procedencia ilícita lamentablemente utiliza la adquisición de bienes inmuebles como una manera de integrar esos recursos a la economía formal de cualquier país".

Los implicados en el lavado de dinero optan por la compra de inmuebles porque les garantiza ciertas ventajas: las propiedades mantienen un valor estable, les permite ocultar su patrimonio, pueden obtener ingresos mediante alquileres y otras actividades económicas y es más sencillo librarse de la recuperación de activos que pretendan autoridades judiciales.

Según la investigación del GFI, el 'modus operandi' en la mayoría de los casos consiste en esconder las propiedades haciendo uso de empresas pantalla registradas a nombre de abogados, amigos o familiares, es decir, testaferros.

El proceso es facilitado por la laxa legislación en esta materia de EE.UU., con una de las leyes más débiles entre los integrantes del G7. Así, la falta de regulaciones y leyes contra el blanqueo de capitales en este sector provoca una ceguera intencionada, que soporta este tipo de transacciones.

Por este motivo, entre las recomendaciones lanzadas por los expertos se encuentra la de exigir a los agentes inmobiliarios que identifiquen al beneficiario final de la compra de una propiedad.