Tras el anuncio del Gobierno Federal sobre el cierre del penal federal de máxima seguridad de Puente Grande, ubicado en Jalisco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que esta decisión fue por porque se heredaron contratos de penales privados.
Señaló que con esos contratos se pagaba los servicios como el agua, la recolección de basura, el servicio para el sonido y para las cámaras y el abasto de las medicinas a empresas privadas.
De manera irónica refirió que “Puerta Grande” estaba abandonado, tenía pocos internos, aproximadamente 400 reclusos. Además, representaba una preocupación para los pobladores que vivían alrededor, pues se creó un entorno de descomposición social, por lo que en breve se pondrá de acuerdo con el gobernador Enrique Alfaro para darle otra utilidad al inmueble.
El jefe del Ejecutivo señaló que hay contratos que deben mantenerse para evitar violar la legalidad, pero aquellos que sean “leoninos” desaparecerán.
Indicó que en las administraciones pasadas los centros penitenciarios se convirtieron en un buen negocio, lo que provocó espacios, pero aún, así se pagaban contratos.
"Se hicieron contratos con empresas que le cobran al gobierno por el servicio de los penales, o sea, se privatizo también lo de las cárceles, entonces estamos pagando por cárceles federales que no ocupamos. Tenemos 9 mil espacios en cárceles federales y tenemos que pagar como si estuviesen llenas”, expresó.
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