Exgobernador Mario Marín obtiene libertad condicional en caso de tortura de Lydia Cacho

El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, ha obtenido la libertad condicional para continuar su proceso legal por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

La jueza Segundo de Distrito de Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, dictaminó que Marín puede seguir su proceso en resguardo domiciliario tras el pago de una fianza de 100 mil pesos y bajo estrictas medidas de control.

La resolución se dio a conocer en una audiencia celebrada por videoconferencia, en la que la jueza modificó la medida cautelar de prisión preventiva a la que Marín estaba sujeto desde su detención en febrero de 2021.

La jueza también estableció que, debido a la gravedad de los hechos imputados, el exgobernador deberá portar un brazalete electrónico para su localización permanente, además de tener prohibido salir del país.

Para asegurar el cumplimiento de esta restricción, se ordenó que su visa y pasaporte permanezcan bajo resguardo en el juzgado, y se giró una alerta migratoria.

Adicionalmente, Marín tiene prohibido acercarse o comunicarse con Lydia Cacho, las víctimas, testigos y co-imputados del caso. Cualquier incumplimiento de estas medidas podría resultar en la revocación de su libertad condicional y su regreso a prisión preventiva.

¿De qué se acusa al exgobernador Mario Marín?

El proceso judicial que enfrenta Mario Marín se originó a raíz de los hechos ocurridos en 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Quintana Roo y trasladada a Puebla en lo que se denunció como un acto de tortura orquestado por funcionarios estatales en complicidad con el empresario Kamel Nacif.

Desde su arresto en 2021, Marín había intentado en varias ocasiones modificar la medida cautelar que lo mantenía en prisión preventiva, aunque dichas réplica concluyeron sin éxito hasta ahora.

En el marco de su libertad condicional, Marín será supervisado por la Unidad de Medidas Cautelares de Puebla, que vigilará su cumplimiento de las condiciones impuestas, incluido el uso del brazalete electrónico, que deberá ser instalado en un plazo de tres días.