Este 22 de abril entró en vigor en México el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informacio´n, la Participacio´n Pu´blica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Ame´rica Latina y el Caribe, comúnmente denominado Acuerdo de Escazú, por su adopción en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
El acuerdo fue precedido por la declaración de Río de 1992, en la cual se establecieron el acceso a la justicia y a la información en materia ambiental, así como la participación del público en la toma de las decisiones ambientales.
“La riqueza o la adición de Escazú tiene que ver justamente con el tema de los defensores ambientales, que básicamente lo que se busca es que ante el clima de hostigamiento y de amenaza y de intimidación que están viviendo y que vivimos en México y en muchos otros países en la defensa ambiental, se garantice, se asegure, que dichos defensores ambientales van a contar con un espacio seguro, con un espacio de tranquilidad y de armonía para efectos de desarrollar su trabajo adecuadamente y no estén preocupados de que en cualquier momento viene la amenaza, la intimidación, la estigmatización y obviamente los asesinatos”, comentó Gustavo Alanís-Ortega, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA),
El arti´culo 9 establece el deber del Estado de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y los dema´s derechos humanos de todas las personas defensoras ambientales. Es el primer tratado internacional en el mundo que aborda el tema.
Alanís-Ortega afirma que esta violencia se da de una manera “estructural” porque “es algo que se viene dando desde hace muchísimos años en el país y no sólo son defensores netamente ambientales sino también quienes defienden la tierra y quienes defienden el territorio”.
Con información de Aristegui Noticias
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