Con 476 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados aprobó en "fast-track" la Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece la obligación de los patrones de proveer asientos con respaldo a los trabajadores de los sectores de servicios, comercio y otros ámbitos laborales análogos.
El objetivo de esta iniciativa radica en permitir que los empleados puedan descansar periódicamente durante la jornada laboral.
La propuesta de ley fue presentada por Patricia Mercado y apoyada por los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC, quienes destacaron la urgencia de su aprobación.
Ricardo Monreal, en representación de los líderes parlamentarios, solicitó la dispensa de todos los trámites para que se discutiera de manera inmediata en el pleno de la Cámara de Diputados, donde fue aprobada por unanimidad.
Tras su aprobación, la reforma fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
La Ley Silla prohíbe que los patrones obliguen a sus trabajadores a permanecer de pie durante toda la jornada laboral, garantizando el derecho al descanso periódico.
De acuerdo con el proyecto, los empleadores deben proporcionar un número suficiente de asientos con respaldo, que estarán disponibles tanto para la ejecución de las funciones como para el descanso de los empleados.
Así mismo, las sillas deberán ubicarse en áreas específicas designadas dentro de las instalaciones de trabajo.
La propuesta busca combatir la precariedad laboral, ya que en muchos ámbitos se obliga a los empleados a permanecer de pie durante largas jornadas.
Esta práctica ha sido señalada como un factor que contribuye a problemas de salud, como varices, afectaciones circulatorias y otros padecimientos derivados de la falta de descanso adecuado.
De acuerdo con un artículo transitorio, las empresas tendrán 180 días desde la entrada en vigor del decreto para adecuar sus normativas internas y cumplir con los nuevos requisitos establecidos por la ley.
Esta reforma se considera un avance importante en la protección de los derechos laborales en México, y su implementación busca mejorar las condiciones de trabajo para millones de personas.
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