Funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno ‘forjaron pactos criminales” con empresas factureras para defraudar alrededor de 350 mil millones de pesos anuales, aseguró la Procuraduría Fiscal de la Federación (FFF).
En el contexto de la firma del Convenio de colaboración entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la FFF, Carlos Romero Aranda explicó que en el caso del desvío de recursos públicos se coludieron con funcionarios gubernamentales, simularon licitación o adjudicaciones públicas, falsificaron actas de bienes o servicios y realizaron transacciones en el sistema financiero.
El procurador fiscal de la federación, Carlos Romero Aranda, indicó que en cada uno de esos pasos se fueron dejando las evidencias.
Señaló, que a través de “estos funcionaros públicos corruptos y empresas factureras se forjaron pactos criminales para incrementar su riqueza personal en perjuicio de toda la población”.
Ante el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el Procurador explicó que en ocasiones el dinero que fluye a las empresas fantasmas provino de dependencias gubernamentales de todos los niveles de gobierno encargados de proveer bienes y servicios a la ciudadanía, dinero que debió ser estrictamente destinado a satisfacer las necesidades más elementales de la sociedad y generar un adecuad desarrollo sustentable.
Por su parte, las factureras que ostentan como grandes despachos que dan asesoría fiscal o estrategias fiscales, se inscribieron en el RFC, utilizaron a notarios para construirse, asentaron un domicilio fiscal en el que muchas veces son covachas en terrenos baldíos, emitieron facturas electrónicas o digitales con operaciones simuladas y debieron presentar declaraciones fiscales para poder proveer su servicio ilegal. “Todas esas empresas dejaron huella de todas esas actividades ilícitas”, sentenció.
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