Desplazamientos forzados deja Minera Autlán en la Sierra Negra: padre Tacho

El proyecto hidroeléctrico de la Minera Autlán en Tehuacán ha provocado el desplazamiento forzado de al menos diez familias, acusó el sacerdote Anastasio Hidalgo Miramón, conocido como “padre Tacho”, durante su participación en el foro virtual “De la represión morenovallista a la pandemia de los desaparecidos”.

El padre Tacho, precursor de la teología indígena, describió la grave situación que viven las comunidades indígenas nahuas de la Sierra Negra, principalmente de los municipios de Zoquitlán, Coyolapa y Tlacotepec de Díaz, que han emprendido la resistencia contra el proyecto de muerte instalado en esa región.

El sacerdote expuso que la resistencia de pobladores al megaproyecto -que ya cumple cinco años- ha registrado la desaparición forzada de Sergio Rivera Hernández, uno de los principales líderes ambientalistas, el pasado 23 de agosto de 2018, hecho que habría sido perpetrado para dar un escarmiento a opositores.

“En la región donde está proyectado la hidroeléctrica de la Minera Autlán al menos diez familias han salido porque están expuestas a que las maten, han abandonado sus comunidades, han sido desplazadas de la comunidad de Tepexilotla, en Zoquitlán, se fueron a otro lado, se esconden para no correr la suerte de Sergio Rivera Hernández, ante el temor de ser desparecidos, como ocurrió con Sergio. Este proyecto ha roto el tejido social en las comunidades”.

Este fin de semana, el evento organizado por la radio comunitaria Xalli, el colectivo Voz de los Desaparecidos, el Movimiento Comunista Mexicano y la asociación Uniendo Cristales, expuso el tema de los desaparecidos que fue descrita como “la otra pandemia”.

El cura que ha acompañado a las comunidades en la defensa de los derechos humanos y el territorio, describió que la hidroeléctrica implica a tres municipios de la Sierra Negra, Zoquitlán, Santa María Coyomeapan y Tlacotepec de Díaz, donde nace el río Atzala y se prolonga hasta crecer en el río Tonto para llegar a la presa Temazcal.

Relató la tremenda resistencia de los pueblos indígenas para defender su río y territorio, organizándose junto con colectivos como el Movimiento de Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), el Movimiento de Agrario Campesino, Indígena y Popular (Macip), y la Comisión de Derechos y Laborales del Valle de Tehuacán.

Narró los detalles de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, uno de los principales líderes opositores a la hidroeléctrica, quien ya había presentado una denuncia por amenazas de muerte. “Ya lo habían amenazado anteriormente, puso sus denuncias pero las autoridades nunca le hicieron caso”.

Aquel 23 de agosto en la carretera que llega a la comunidad de Tepexilotla camino a su comunidad de Tepetolonzi, Coyolapa Sierra Negra –en el municipio de San Pablo Zoquitlan-, Sergio fue visto por última vez sobre su motocicleta perseguido por una camioneta Nissan Blanca con caja seca.

Más tarde pobladores encontraron su motocicleta arrollada a la altura de la desviación a la comunidad de Zaragoza sin ninguna señal de él. “La desaparición afectó no sólo a Sergio, o su familia, también se lastimó a toda una comunidad”.

Tacho señaló que la organización El MAIZ ha señalado entre los responsables de su desaparición a representantes de la Minera Autlán así como autoridades, pero la comunidad logró identificar a Antonio Sandoval Sandoval, Victorino Tellez Carrillo y Rogelio Martínez como los operadores de la desaparición forzada y los llevaron a tribunales.

“Era una esperanza y una ilusión de la comunidad que se esclareciera el caso y la sentencia fuera favorable a Sergio, se hiciera justicia y se supiera su paradero, pero desafortunadamente no fue así. En una madrugada la defensa de Sergio llamada ‘Acción de Abogados por los Derechos Humanos y la Justicia Social’ recibieron la llamada del Tribunal para informar que los inculpados habían sido liberados”.

“Fue un golpe a las comunidades en resistencia la sentencia del juez Mario Cortés Aldama, un juez corrupto por supuesto, decidió en septiembre de 2020 liberar a los acusados de la desaparición de Sergio”, precisó.

“Ya en libertad se fueron a Tepexilotla, donde el párroco les hizo una misa de acción de gracia y los recibieron desde la entrada del pueblo hasta la iglesia como héroes, eso provocó un gran desánimo en las comunidades en resistencia, de tal manera que se invitó a una asamblea en Zoquitlán, el 5 de octubre, para rehacer la lucha”.

El padre Tacho enfatizó que la sentencia tuvo resonancia nacional y llegó hasta el gobierno federal, al punto que el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, pidió al juez que se reconsidere la liberación de los implicados en la muerte del ambientalista. Pero a la fecha no ha tenido eco.

El sacerdote se refirió a la orfandad de los habitantes de esas comunidades que mantienen la resistencia, pues pese a que los pueblos pidieron el pronunciamiento de la jerarquía católica, que se abstuvo de cualquier señalamiento.

Desplazamiento, desapariciones forzadas y la minería

Las desapariciones forzadas y la minería son una nueva y dramática relación que se vive en México, así lo reconocieron académicos y activistas miembros la Red de Defensa de los Derechos Humanos en Puebla (REDdh) y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) que no descartaron que el caso de Sergio Rivera Hernández, miembro del Movimiento Agrario Indígena Zapatista-MAIZ y opositor del proyecto de la Minera Autlán pudiera ser parte de este fenómeno.

El año que desapareció Sergio, el historiador Fritz Glockner, Eduardo Sierra, integrante del FNLS, y Mariel Bonilla Dumit, del REDdh, coincidieron en señalar que la desaparición forzada en México es una práctica que continúa vigente y que se ha extendido de motivos políticos a procesos de proyectos energéticos y de despojo que implican planes extractivistas.

La desaparición del opositor del proyecto de la Minera Autlán, denunciada por la organización y Comunidades Nahuas en Resistencia de la Sierra Negra, consideraron integrantes del FNLS y de la REDdh, cumple el perfil de las víctimas de desaparición forzada.

Académicos y activistas aunque reconocieron la práctica cotidiana de “este horror” a lo largo del territorio nacional aseguraron que no existen estadísticas exactas y el fenómeno sigue “en cifra negra”.

Cristina Rosas, del FNLS, explicó que la estadística permanece en la más completa opacidad, pues a propósito la autoridad diluye a las víctimas de desaparición forzada en registros de “personas no aparecidas” o “personas ausentes”, enmascarando la dimensión del fenómeno.

Citó que de manera oficial, el gobierno federal refiere que hay 30 mil personas que han desaparecido como consecuencia de su activismo político y social, pero la cifra contrasta con observatorios sociales y reportes ciudadanos que tienen el conteo de 300 mil víctimas sólo en las últimas tres décadas.

“Se puede presumir que se ejecutó una desaparición forzada contra un individuo que muestra un descontento contra la estructura gubernamental o sus intereses y cuando autoridades niegan la detención y entorpece su búsqueda y los procesos para su hallazgo”, explicó la defensora de derechos humanos Mariel Bonilla Dumit.

El académico Eduardo Sierra, en su carácter de integrante del FNLS, aseguró que la persecución, hostigamiento y desplazamiento de autoridades y empresarios hacia opositores de los llamados “proyectos de muerte” ha escalado niveles de violencia brutales.

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