Crecen 500% intervenciones telefónicas por investigaciones contra el narcotráfico

De las 609 intervenciones de comunicaciones privadas, realizadas de enero a septiembre de este año, más de la mitad fueron contra delincuencia organizada.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) formuló 364 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas este año.

Le siguen la Delegación de la FGR de Zacatecas, con 192 solicitudes; la de Oaxaca, con 29; la Delegación de la Fiscalía en el Estado de México, con seis; la Delegación de la FGR en Colima, con cinco y la Delegación de ese organismo en San Luis Potosí, con tres.

A pesar de que Chihuahua es uno de los estados más golpeados por el narcotráfico, solamente solicitó una investigación de este tipo durante el año.

Junto con Sinaloa y Quintana Roo, son las entidades que menos solicitudes de este tipo de investigación solicitaron en 2021.

Incluso, entre 2019 y 2021 aumentó casi 500 por ciento el número de solicitudes de intervenciones telefónicas privadas, de acuerdo con información de Transparencia.

FGR mantiene opacidad en intervenciones

Pese al incremento de las autorizaciones, la FGR mantiene la opacidad en cuanto al motivo para realizar este tipo de espionaje legal.

La intervención de comunicaciones privadas está regulada en los artículos 16, 21 y 102, apartado A, de la Constitución; así como en los artículos 291 y 292 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sin embargo, en todos los casos, la autoridad responde que los motivos para mantener estas intervenciones es la «obtención de datos necesarios para agotar las líneas de investigación».

Esto encima de que la legislación citada establece que: «la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando, además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración».

En agosto, el INAI determinó que la FGR tiene la obligación de transparentar el objeto de la intervención de comunicaciones privadas en investigación de delitos.

Entre 2016 y 2017 se creó una lista de 15 mil números telefónicos en México que eran posibles blancos de espionaje mediante el software Pegasus.

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