Coparmex pide Ley General contra la extorsión para frenar el millonario daño a empresarios

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dio a conocer que ante los hechos de violencia e inseguridad que lastiman a familias y a toda la sociedad, es urgente discutir y aprobar una Ley General contra la extorsión.

Coparmex señaló que uno de los mayores desafíos es la extorsión, un delito en aumento que, sin una legislación eficaz, pone en riesgo la economía, el tejido social y la seguridad.

Este delito afecta a las empresas, especialmente a las MiPyMEs. Sus modalidades como llamadas, mensajes, cobro de piso e intimidación generan incertidumbre y frenan el desarrollo del país.

El artículo 390 del Código Penal Federal define la extorsión como el acto de obligar a alguien, sin derecho, a realizar o tolerar algo para obtener lucro o causar perjuicio patrimonial. La pena actual va de 2 a 8 años de prisión.  

Los grupos criminales han diversificado sus métodos, afectando a empresas, pequeños negocios y la población en general. Bajo la apariencia de "protección", imponen pagos regulares, suplantando funciones estatales como la seguridad y la recaudación de impuestos.

La Coparmex a través de un comunicado señaló que uno de los principales obstáculos para combatir este delito es la falta de una tipificación uniforme en los códigos penales estatales. En algunos estados, se clasifica como "uso de confianza" o se revictimiza a las personas afectadas, debilitando las investigaciones. Además, la ausencia de coordinación entre fiscalías estatales y la FGR impide respuestas efectivas.

Casi mil víctimas de extorsión en un mes

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, el 96.7% de los delitos de extorsión no se denuncian. En algunos estados se ha registrado un incremento de hasta el 50% en seis años, evidenciando la urgencia de atender este fenómeno. 

Solo en enero de este año se registraron 923 víctimas de extorsión, un 13.3% más respecto al mes anterior y 3.8% más en comparación con enero de 2024, un promedio diario de 30 casos. 

Este fenómeno frena el desarrollo y crecimiento económico, ya que las empresas y pequeños negocios destinan recursos para evitar ser víctimas. En muchos casos, se ven obligados a pagar cuotas para seguir operando.

En 2023, el costo de la extorsión fue de casi 26 mil millones de pesos, con un gasto promedio de 6 mil 933 pesos por víctima. 

La reforma al artículo 19 constitucional, publicada el 31 de diciembre de 2024, incluyó la extorsión en los delitos con prisión preventiva oficiosa, pero lejos de combatirla, permite que los acusados aleguen su inconvencionalidad y obtengan beneficios judiciales. Además, cuando las carpetas de investigación están mal integradas, los jueces aplican automáticamente la medida sin un análisis adecuado, dejando en indefensión a las víctimas.

"Nos oponemos a su inclusión en el catálogo de delitos graves porque vulnera la presunción de inocencia, compromete la integridad de los detenidos, contradice las políticas de seguridad ciudadana y puede usarse con fines facciosos o para cometer abusos", señala Coparmex.

¿Cuál es la propuesta de COPARMEX?

COPARMEX sugiere reformar el inciso A fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Extorsión, que coordine acciones, persiga el delito eficazmente y genere estrategias conjuntas para su erradicación. Actualmente, existen más de 20 modalidades de extorsión, pero los Códigos Penales estatales reconocen menos de la cuarta parte, lo que requiere una legislación nacional que homologue el delito y sus penas.

"Hacemos un llamado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para retomar el proceso legislativo y someter el dictamen aprobado al Pleno. Es urgente una ley general que coordine responsabilidades entre las autoridades y fortalezca el trabajo de las Fiscalías a nivel nacional".