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Calderón, vinculado por desvío de 300 mil mdp

Investigaciones a García Luna detonarían en el expresidente
Ciudad de México | 2021-04-24 |
Calderón, vinculado por desvío de 300 mil mdp
Rosa Icela Rodríguez, titular de SSPC, detalló que en el sexenio de Calderó se otorgaron jugosas adjudicaciones directas que pagó la SHCP.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) levantó desde diciembre de 2020 una denuncia en contra del ex titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por delitos de lavado de dinero, desviación de recursos, entre otros delitos, que implican más de 300 mil millones de pesos.

 En la denuncia se han ido aportando más elementos hasta el presente mes, misma que según fuentes de Presidencia podría alcanzar hasta al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

 La SSPC, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, detalló que en ese sexenio se otorgaron adjudicaciones directas por 300 mil millones de pesos que pagó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por órdenes de las más altas autoridades de gobierno.

 En la demanda radicada hoy en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la que interviene también la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la misma dependencia implica a quien fuera el director de Adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Antonio Villarreal.

Ocho contratos

Hasta el momento en la investigación se habla de ocho contratos y se acusa a García Luna y a quien resulte responsable por los delitos ya mencionados.

 En su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Rosa Icela Rodríguez informaron que el gobierno federal negoció una reducción de 15 por ciento en los pagos de autoridades por el funcionamiento de ocho reclusorios federales, cuyos contratos fueron firmados en el sexenio de Calderón Hinojosa con empresas privadas, seis de las cuales traspasaron los beneficios a otras compañías.

 Puntualizaron que actualmente hay varios procesos penales abiertos para investigar y determinar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados. La adjudicación se realizó de manera directa y actualmente se considera una transacción que provoca graves daños al erario.

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