La Cámara de Diputados aprobó anoche, en lo general, la reforma que limita la subcontratación laboral a servicios especializados en el sector privado y, a partir de un agregado que se negoció ayer mismo, también se definió que se prohibirá esa práctica en el gobierno federal y sus dependencias.
En la administración pública sólo se permitirá en servicios o ejecución de obras especializados, y en un artículo transitorio se definió que el gasto que se genere a las dependencias y entidades de la administración pública federal por la nueva obligación deberá realizarse con cargo a su presupuesto aprobado para este año y los siguientes, “por lo que no se requerirán recursos adicionales”.
Durante la presentación de posturas en favor y en contra del dictamen, la diputada Sol Merino (PRI) explicó que, según datos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, solamente el gobierno federal tiene casi 500 mil trabajadoras y trabajadores bajo el esquema de subcontratación en sus diferentes secretarías.
El PAN objetó que Morena y sus aliados no han calculado el impacto que tendrá asumir la contratación directa de los empleados; en tribuna, Elías Lixa señaló que, a diferencia de los trabajadores afiliados al Seguro Social, a los del gobierno federal no se les reconocerá su antigüedad.
Con 348 votos en favor, 77 en contra del PAN y tres priístas, así como 32 abstenciones, en su mayoría del PRI, la Cámara aprobó en lo general la reforma y, al cierre de esta edición, entró a discutir un paquete de 38 reservas en lo particular.
Con información de La Jornada
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