Usuarios del servicio de Internet de Totalplay han levantado la voz en redes sociales ante una nueva política de cobro que podría representar un gasto adicional para muchos hogares a partir de este mes de abril.
La inconformidad surgió luego de que la compañía anunciara que aplicará un cargo de 110 pesos por cada 100 GB adicionales consumidos, fuera del paquete contratado.
Este cambio ha generado preocupación porque, según lo señalan las autoridades, las empresas no pueden modificar unilateralmente las condiciones pactadas en los contratos de adhesión. Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya ha intervenido y ha emitido lineamientos claros para los afectados.
Totalplay, empresa de telecomunicaciones del Grupo Salinas, informó a sus usuarios sobre una actualización en su política de uso justo de datos, que incluye cobros por excedente de consumo. Esta medida, que se aplicaría desde el 15 de abril, ha sido considerada por muchos como un cambio injusto en los términos previamente contratados.
La Profeco ha señalado que no se pueden hacer cambios al contrato sin el consentimiento del consumidor. Cualquier intento de modificar los servicios contratados sin previa autorización puede ser denunciado.
#BoletínDePrensa Ante los reportes en redes sociales sobre las medidas implementadas por Totalplay respecto al consumo de Internet, la Profeco recuerda que ningún proveedor puede modificar unilateralmente las condiciones establecidas en los contratos de adhesión.
— Profeco (@Profeco) April 3, 2025
Para proteger... pic.twitter.com/fvFMu7b7yF
Si recibiste un aviso o ya notaste un cargo extra en tu factura, puedes presentar una queja ante la Profeco por los siguientes medios:
La recomendación principal es conservar tu contrato original y capturas del recibo, así como cualquier aviso o mensaje que Totalplay te haya enviado. Estos documentos te ayudarán a respaldar tu denuncia.
La Profeco ya ha informado que sostendrá una reunión directa con Totalplay para analizar la legalidad de estos cambios. El objetivo es garantizar que los derechos de los usuarios se respeten, que la información sobre los servicios sea clara, y que se ofrezcan soluciones a quienes no estén de acuerdo con las nuevas condiciones.
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