El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos ha dado su aval al estado de Texas para proceder con la implementación de una controvertida ley que permite la detención y expulsión de migrantes que ingresen al país de forma irregular.
Esta ley, conocida como SB4, entra en vigor mientras se resuelven los argumentos de una demanda presentada por la administración del presidente Joe Biden y varias organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
El debate legal, que culminó en la decisión del Tribunal, inició tras una batalla judicial encabezada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el gobierno actual, quienes argumentan que la medida viola la Constitución.
Los detractores de la ley solicitaron al Supremo pausar su implementación durante el proceso de apelación en el Quinto Circuito, pedido que fue inicialmente atendido por el juez Samuel Alito, quien suspendió la ley de forma temporal.
Sin embargo, la votación de los seis jueces conservadores del Tribunal Supremo, contrastada con la oposición de los tres jueces liberales, incluida Sonia Sotomayor, permitió que la ley SB4 prosiguiera su curso.
En ese sentido, Sotomayor, en su opinión discrepante, criticó la decisión señalando que "sembrará el caos" en el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados.
Así mismo, la Casa Blanca expresó su desacuerdo con esta resolución, indicando que la ley no solo comprometerá la seguridad en las comunidades de Texas, sino que también cargará de responsabilidades adicionales a las autoridades locales, impactando negativamente en la gestión de la frontera sur.
Por otro lado, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la decisión del Supremo, afirmando que Texas ha vencido las objeciones de la administración Biden y la ACLU, marcando un precedente en la aplicación de medidas antiinmigrantes en Estados Unidos.
La ley SB4 clasifica como delito menor el ingreso irregular de extranjeros al estado desde otro país, y eleva la falta a crimen grave en casos de reincidencia, con penas de hasta 20 años de prisión.
Además, permite la expulsión de personas sin proceso legal previo y autoriza a la policía a arrestar a individuos sospechosos de haber ingresado ilegalmente al país, otorgándoles la capacidad de expulsarlos directamente a México.
La implementación de esta ley había sido detenida por un juez federal tras una demanda, pero el apoyo obtenido por Texas en el Quinto Circuito de Apelaciones y la reciente decisión del Tribunal Supremo marcan un momento crucial en la política migratoria de Estados Unidos, prometiendo continuar el debate legal y social en torno a la gestión de la inmigración y los derechos humanos.
Anand Balakrishnan, de la ACLU, calificó la decisión como decepcionante y subrayó que la ley atenta contra las leyes de inmigración del país y los principios del debido proceso, asegurando que continuarán luchando para revertirla.
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