Se oponen a Donald Trump; juez bloquea decreto contra hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos

Jueces y diferentes entidades de norte América decidieron oponerse al presidente de Donald Trump bloqueando su decreto para negarle la ciudadanía a los hijos de indocumentados que nazcan en el territorio de Estados Unidos.  

Todo fue gracias a un juez federal en Seattle, John Coughenour, bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que intentaba eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y aquellos con estatus legal temporal en Estados Unidos.

 El juez Coughenour, designado por Ronald Reagan, calificó la orden como "claramente inconstitucional", citando la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

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La orden ejecutiva, firmada por Trump tras su toma de posesión el 20 de enero, buscaba negar la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos. de padres indocumentados o con visas temporales.

Esta medida fue impugnada inmediatamente por 24 estados y varias organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes.

En una demanda presentada por Washington, Arizona, Illinois y Oregón, el juez Coughenour emitió una orden de restricción temporal de 14 días que impide al gobierno federal implementar la nueva política mientras se revisa el caso.

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El procurador general del estado de Washington, Nick Brown, afirmó que la ciudadanía por derecho de nacimiento es una ley fundamental de la nación, reconocida por generaciones de juristas, legisladores y presidentes, y que la acción de Trump es inconstitucional y antiestadounidense.

La demanda sostiene que el presidente no tiene la autoridad para contradecir la Constitución y que ninguna disposición constitucional o legal le otorga el poder de determinar quién debe recibir la ciudadanía estadounidense al nacer.

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Se anticipa que este caso podría llegar al Tribunal Supremo, lo que desencadenaría una prolongada batalla legal sobre la interpretación de la Decimocuarta Enmienda y el alcance de la autoridad ejecutiva en materia de inmigración y ciudadanía.