La Fiscalía de la Nación de Perú abrió una investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte, a tres y a dos exministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz delos 47 fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones de las últimas semanas, en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
El Ministerio Público informó en su cuenta de Twitter que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, dispuso iniciar la investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Así mismo, contra "Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior".
Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre último, escasos días después de que juró al cargo por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo por haber dado un fallido golpe de Estado.
El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
El artículo 319 del actual Código Penal señala que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o religioso, realiza cualquiera de los actos siguientes”:
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