La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante el conflicto en Gaza entre 2023 y 2024.
Estas acusaciones incluyen la imposición de un severo bloqueo en Gaza, que habría privado a la población civil de recursos básicos como alimentos, agua y electricidad, resultando en graves consecuencias humanitarias.
El tribunal también emitió una orden de detención contra Mohammed Deif, líder militar de Hamás, por crímenes como la toma de rehenes y asesinatos en masa.
Aunque Israel ha cuestionado la jurisdicción de la CPI sobre ciudadanos israelíes y territorios palestinos, la Corte rechazó estos argumentos, señalando que Palestina es miembro del tribunal, lo que le otorga jurisdicción sobre la región
La Corte Penal Internacional (CPI) está compuesta por 123 Estados Parte que han ratificado el Estatuto de Roma, el tratado que la establece. Su sede está en La Haya, Países Bajos, y su estructura incluye jueces elegidos por los Estados Parte, un fiscal jefe (actualmente Karim Khan) y una presidencia encargada de supervisar las funciones administrativas y judiciales.
El tribunal actúa como última instancia cuando los Estados no pueden o no quieren investigar y procesar crímenes graves, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
En el caso de la orden de arresto contra Benjamin Netanyahu, el desafío radica en que la CPI no cuenta con una fuerza policial propia para ejecutar arrestos.
Por lo tanto, depende de la cooperación de los Estados Parte para detener a los acusados si ingresan a su territorio.
Israel no es miembro de la CPI y no reconoce su jurisdicción, lo que complica aún más la situación. Sin embargo, cualquier Estado Parte está legalmente obligado a detener y transferir a Netanyahu si ingresa en su territorio, restringiendo significativamente sus movimientos internacionales.
Casos similares, como el de Vladimir Putin, han demostrado que estas órdenes pueden limitar la participación de los acusados en eventos internacionales
Los presuntos crímenes de guerra atribuidos a Benjamin Netanyahu por la Corte Penal Internacional (CPI) están relacionados principalmente con las acciones de Israel durante su respuesta militar en Gaza tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.
Según la CPI, se señala a Israel por implementar un "asedio total" en Gaza, lo que incluyó:
Aunque la CPI reconoce el derecho de Israel a defenderse, también subraya que esto no exime a sus líderes de cumplir con las normativas internacionales que buscan proteger a la población civil durante los conflictos armados.
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