Juez federal ordena a gobierno de Estados Unidos reanudar asistencia legal a niños migrantes

Una jueza federal en California ordenó al gobierno de Donald Trump reanudar temporalmente la asistencia legal para decenas de miles de menores migrantes que están en Estados Unidos sin la compañía de un padre o tutor.

El 21 de marzo, la administración republicana canceló un acuerdo con el Centro Acacia para la Justicia, una organización que proporciona apoyo legal a menores migrantes no acompañados a través de una red de grupos de asistencia subcontratados. Once de estos grupos presentaron una demanda argumentando que unos 26.000 niños podrían quedarse sin representación legal; sin embargo, Acacia no forma parte de los demandantes.

La jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín, con sede en San Francisco, emitió la orden de restricción temporal la noche del martes. En su fallo, mencionó que los demandantes habían planteado preocupaciones legítimas sobre una posible violación de la ley de 2008, lo que justificaba mantener la situación anterior mientras se resuelve el litigio. La orden entrará en vigor el miércoles y permanecerá activa hasta el 16 de abril.

"El Tribunal considera, además, que continuar con el financiamiento de la representación legal para menores migrantes sin compañía mejora la equidad y la eficiencia en el sistema de inmigración", escribió la magistrada.

La jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín, con sede en San Francisco, emitió la orden de restricción temporal la noche del martes

Este fallo representa el tercer revés legal en menos de una semana para la estrategia migratoria del gobierno de Trump, aunque todas las decisiones podrían ser temporales mientras los casos siguen su curso. El viernes, un juez en Boston determinó que las personas con órdenes de deportación definitivas deben recibir una "oportunidad significativa" para impugnar su traslado a un país distinto del suyo.

Mientras tanto, el lunes, otro juez en San Francisco bloqueó temporalmente el fin de las protecciones para cientos de miles de migrantes venezolanos, incluidos 350.000 cuyo estatus expiraba el 7 de abril.

Los grupos demandantes alegaron que el gobierno está obligado por la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008 a garantizar asistencia legal a menores en situación de vulnerabilidad. Según señalaron, algunos de estos niños son demasiado pequeños para expresarse y otros han sido gravemente traumatizados, además de no hablar inglés.

Esta legislación establece que el gobierno debe procurar, en la mayor medida posible, que los menores que ingresan solos al país tengan representación legal

Esta legislación establece que el gobierno debe procurar, en la mayor medida posible, que los menores que ingresan solos al país tengan representación legal en los procesos migratorios y estén protegidos contra la explotación, los abusos y la trata de personas.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Oficina de Reubicación de Refugiados, que figuran entre los demandados, argumentaron que el financiamiento de esta asistencia legal no es una obligación de los contribuyentes, especialmente en un contexto donde el gobierno busca reducir gastos.

 Además, sostuvieron que los tribunales de distrito no tienen competencia para intervenir en la anulación de un contrato que, de todas formas, habría finalizado a finales de marzo.

Por su parte, Jonathan Ross, representante del Departamento de Justicia de EE.UU., aseguró que el gobierno continúa financiando actividades legalmente obligatorias, como las sesiones de orientación legal, y que las clínicas jurídicas pueden ofrecer sus servicios sin cobrar honorarios.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Oficina de Reubicación de Refugiados,argumentaron que el financiamiento de esta asistencia legal no es una obligación

"Aún tienen la posibilidad de proporcionar estos servicios de manera pro bono", señaló.