Entre disturbios eligen presidente en Guatemala

Este domingo 25 de junio, Guatemala se enfrentó a unas elecciones desafiantes y cruciales que determinarán su futuro político en medio de circunstancias extremadamente difíciles.

De acuerdo con medios guatemaltecos, el proceso electoral estuvo empañado por una intensa judicialización, la ausencia de garantías electorales, restricciones a las candidaturas, múltiples denuncias e irregularidades, y un creciente malestar ciudadano.

Estos obstáculos se presentan en un contexto político caracterizado por un deterioro democrático evidente, manipulación del sistema judicial y del Ministerio Público, hostigamiento creciente a la prensa, violaciones a los derechos humanos y una gran incertidumbre debido a una batalla de sondeos de opinión.

La eliminación de los candidatos Carlos Pineda, un empresario con discurso populista que lideraba las encuestas hasta hace poco; Thelma Cabrera, una líder indígena del Movimiento de Liberación de los Pueblos de tendencia izquierdista, quien obtuvo el cuarto lugar en las elecciones de 2019; y Roberto Arzú, un disidente de la élite, ha ensombrecido el proceso electoral y ha generado una fuerte controversia.

Los tres han denunciado un "fraude electoral" y han instado a sus seguidores a emitir votos nulos como forma de protesta simbólica.

Según un informe de El Faro English, estos candidatos han sido excluidos, mientras que otros, incluso algunos bajo investigación por corrupción y narcotráfico o con claros impedimentos constitucionales, han sido autorizados a participar en las elecciones.

Este doble rasero ha generado críticas y preocupaciones sobre el uso diferenciado y discrecional de los criterios de registro y bloqueo de candidatos por parte del Tribunal Supremo Electoral.

La combinación negativa de estos hechos, junto con la falta de control efectivo del financiamiento político y del gasto electoral, evidencia una preocupante contaminación del proceso electoral y una pérdida de confianza en las instituciones encargadas de garantizar su integridad.

Las principales misiones de observación electoral, tanto internacionales (OEA y UE) como nacionales (Mirador Electoral y MOE-GT), han advertido sobre estas debilidades en sus respectivos informes.

Es importante tener en cuenta que estas serán las segundas elecciones generales de este año en la región, dentro del marco del superciclo electoral latinoamericano (2021-2024).

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