Steve Bannon, quien fuese asesor de Donald Trump durante su presidencia, fue sentenciado a 4 meses de prisión por desacato al Congreso.
El juez Carl Nichols, nombrado por Trump, determinó que Bannon cumpliría esa pena por cada uno de los dos cargos en su contra, aunque de manera simultánea. También le imputo una multa de US$ 6.500.
El caso contra Bannon se originó por su negativa a cumplir con una citación de la comisión de la Cámara que investiga esos hechos. En ese sentido, los fiscales señalaron que al "desobedecer" la citación Bannon "exacerbó" el ataque al estado de derecho que representó la insurrección en la capital del país.
Al inicio de la audiencia Nichols mencionó que Bannon no había mostrado remordimiento por sus acciones, por lo que sus abogados aseguraron que el exasesor no tenía por qué disculparse ya que estaba defendiendo los valores de la nación y las instituciones gubernamentales.
De acuerdo con los fiscales, Bannon no cumplió completamente con la oficina de libertad condicional en su investigación previa a la sentencia.
Además, escribieron que el exasesor se negó a revelar sus registros financieros, insistiendo en cambio en que está dispuesto y es capaz de pagar cualquier multa impuesta, incluida la multa máxima por cada cargo de condena.
Por su parte, los abogados de Bannon buscaban la libertad condicional para su cliente, además de pedir que la sentencia se retrasara a la espera de una apelación.
El equipo de defensa argumentó en ese recurso que el exasesor creía que las preocupaciones sobre el privilegio ejecutivo impedían su cooperación en la investigación de la Cámara.
Los fiscales rebatieron ese planteamiento en documentos judiciales que mostraban que el propio abogado de Trump no estaba de acuerdo con Bannon entorpeciendo la investigación.
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