Ya es ley: Veracruz aprueba la Interrupción Legal del Embarazo

Este martes el Congreso del Estado de Veracruz aprobó la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación a propuesta de la diputada local de Morena, Mónica Robles Barajas.

En una votación histórica, los legisladores avalaron reformar el Código Penal en sus artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y derogar el artículo 152 de dicho ordenamiento.

De esta manera, este martes Veracruz se convirtió en el cuarto estado del país en permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, junto con la Ciudad de México, Oaxaca y el estado de Hidalgo.

A puerta cerrada, en el recinto oficial de sesiones la mayoría avaló los cambios al Código con 25 votos a favor, 13 en contra y una abstención.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Robles Barajas recordó que la iniciativa retoma mandamientos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “no estamos legislando en contra de la ley; todo lo contrario, estamos legislando a favor”.

Resaltó que la reforma al Código Penal no es inconstitucional, pues la carta magna establece que el Estado garantiza la vida desde la concepción de la vida hasta la muerte natural, “salvo las excepciones previstas en las leyes” según marca el propio artículo 4.

“Nuestro marco constitucional prevé que pueda haber excepciones; no dice que sólo las que ya existían, no dice que no pueda haber nuevas excepciones; por lo tanto, no estamos contraviniendo nuestra constitución.

“Pero más allá de eso la Suprema Corte ha declarado constitucional en diversos momentos y ha declarado también que es posible que coincidan, tanto la protección de la vida desde la concepción con el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo y el derecho que tienen a su salud sexual, emocional y física”, dijo la autora del proyecto.

En contra de la iniciativa se manifestaron diputados del PAN, incluyendo a legisladores de otras fracciones como Gonzalo Guízar Valladares.

La legisladora del blanquiazul, Montserrat Ortega Ruiz, afirmó que antes de reformar el Código Penal era necesario modificar la Constitución.

Por su parte, el diputado del blanquiazul, Enrique Cambranis Torres, afirmó que el Congreso está promoviendo el homicidio de nonatos y acusó que la reforma es ambigua.

Cuestionó qué pasará en los casos en que mujeres aborten después de las 12 semanas de gestación, pues la reforma plantea que se impondrán de 15 días a dos meses de tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de “medidas integrales de salud”.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Omar Miranda Romero, afirmó que su partido defenderá la libertad de las mujeres, pero también de aquellos que no han nacido y están desarrollándose en el vientre de su madre.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares, así como la legisladora Judith Pineda Andrade, también expresaron su rechazo en tribuna; sin embargo, la mayoría del pleno terminó avalando la reforma.

Cambios al Código Penal

De esta manera, con el aval del pleno ahora el Artículo 149 establece que comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la décima segunda semana de gestación y se distinguen los casos de abortos forzados.

El Artículo 150 establece que a la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, una vez transcurridas las primeras doce semanas de gestación, únicamente se le impondrán de 15 días a dos meses de tratamiento en libertad; es decir, no será procesada penalmente ni ameritará prisión.

“(…) consistente en la aplicación de medidas integrales de salud, con respeto a sus derechos humanos. A la persona que haga abortar a la mujer con su consentimiento, en los términos del párrafo anterior, se le impondrán de quince días a dos meses de prisión o de cincuenta a cien días de trabajo en favor de la comunidad, y multa de hasta setenta y cinco días de salario. En este caso, el delito de aborto únicamente se sancionará cuando se haya consumado”.

El Artículo 151 fija que comete el delito de aborto forzado quien interrumpa el embarazo de una mujer sin el consentimiento de ella, en cualquier momento de la gestación. En este caso, el delito de aborto forzado podrá ser sancionado en grado de tentativa.

“A quien hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento se le impondrán prisión de tres a diez años y multa de hasta cien días de salario. Si se empleare la violencia física o moral, las sanciones serán de seis a quince años de prisión y multa hasta de ciento cincuenta días de salario”.

La iniciativa deroga el Artículo 152, que sancionaba a las mujeres que abortan como a quien les auxilie para tal efecto.

Con la reforma, el Artículo 153 fija penas en contra del personal sanitario que practique un aborto de forma forzada, estableciendo:

“Si el aborto forzado fuese causado por un médico, partero o enfermero, además de las sanciones que les correspondan, serán suspendidos de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.

Finalmente, el Artículo 154 establece excluyentes de responsabilidad penal para el delito de aborto cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, independientemente de que exista o no causa penal sobre dichos delitos previo al aborto.

Además, se excluye de responsabilidad cuando, de no provocarse, la mujer embarazada quede en peligro de muerte o en riesgo de afectación a su salud, a juicio del médico que la asista; o cuando a juicio de un médico, exista razón suficiente para diagnosticar que el producto padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, siempre que se practique con el consentimiento de la mujer embarazada.

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