Violencia política empaña el proceso electoral 2021 en Veracruz

El proceso electoral en marcha se ha convertido ya en la segunda elección concurrente más violenta de la historia reciente del país, al registrarse 68 asesinatos contra políticos o funcionarios de gobierno, sólo por debajo de la elección de 2018, cuando, a estas alturas de la contienda, el número de muertos era de 84, es decir 20% más. Veracruz figura como una de las entidades con más problemática. 

De acuerdo con los informes de Violencia Política en México de Etellekt, hace tres años en el mismo periodo de lo que ha avanzado el actual, ya habían muerto 28 aspirantes a puestos de elección popular. En el actual, hasta el 13 de abril pasado, iban 21 (cinco de ellos ya tenían el registro como candidatos), lo que quiere decir que hay un descenso de 15 por ciento.

En tanto, el reporte Violencia Política en México de Integralia Consultores, el cual contabiliza las agresiones en contra de funcionarios públicos en activo, exfuncionarios, candidatos, periodistas y activistas, señala que, entre septiembre de 2020 y marzo de 2021, se cometieron 137 incidentes de violencia política en México, que han dejado 179 víctimas, de las cuales 118 fueron mortales.

De acuerdo con Rubén Salazar, director de Etellekt Consultores, la violencia letal ha sido menor en el actual proceso electoral, a pesar de que son muchos más los puestos de elección popular en disputa. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2018 se eligieron 3,400 cargos a nivel local y federal, mientras que este año están en juego 19,915.

Salazar señaló que puede influir en el descenso de agresiones contra políticos razones técnicas, como que ahora los procesos son más cortos, tanto el periodo de precampaña y como el de campañas.

En algunos estados las campañas inician hasta el 17 de abril o en mayo, como es el caso de Puebla y Veracruz, donde sólo habrá proselitismo un mes.

Otro elemento que puede influir en los registros de agresiones son las medidas de confinamiento para contener la pandemia de la Covid-19, lo que ha obligado a los candidatos a dejar de hacer recorridos y grandes concentraciones de personas.

De acuerdo con los registros de Etellekt, en el proceso electoral en marcha, el mes más violento fue noviembre, cuando se registró el asesinato de 15 políticos. Luego bajó considerablemente a cinco víctimas en diciembre. En enero ocurrieron otras cinco víctimas. En febrero aumentó a 14 y bajó a 13 en marzo.

Sin embargo, si se considera el número de agresiones, tanto letales como no letales, se observa que hay un crecimiento. Los 217 delitos registrados hasta el momento en el proceso en curso es 35% mayor que el número registrado en el mismo lapso del proceso federal electoral anterior.

Para Salazar eso se explica porque los agresores ahora no están utilizando tanto la violencia letal, sino que recurren, sobre todo, a la amenaza, para generar un daño psicológico a sus víctimas, en sus círculos familiares o de amistades, con el objeto de obligarlos a renunciar a sus aspiraciones políticas.

En 2015, a estas alturas del proceso, habían sido asesinados 61 políticos, de los cuales seis eran aspirantes a un puesto de elección popular. 

Carlos Rubio llamó la atención en que en el proceso electoral de 2018 se registraron dos picos de violencia importantes. El primero en febrero, que fue cuando se definieron las candidaturas y el segundo en junio, que fue el mes inmediato anterior a las elecciones, cuando, sobre todo, el crimen organizado ya tenía elementos para evaluar las posibilidades de los candidatos en competencia.

Con base en ello, dijo, estimamos que los incidentes de violencia política aumentarán conforme se aproxime la fecha de las elecciones (6 de junio) y debido a que ahora se trata de las elecciones más grandes de la historia, se podría superar el número de ataques y víctimas tenidos en procesos anteriores.

Los registros de Etellekt refieren que, entre el 7 de septiembre de 2020 —cuando inició el proceso electoral en marcha— hasta el miércoles pasado, se habían cometido 317 acciones agresiones tipificadas como delitos contra políticos y aspirantes a puestos de elección popular, entre ellos homicidios, privaciones ilegales de la libertad, amenazas, robos con o sin violencia, tentativa de homicidios y daños en propiedad.

Del 7 de septiembre de 2020 al 31 de marzo de 2021, un total de 78 políticos o funcionarios habían sido objeto de amenazas, 65 de homicidios dolosos, 19 de infracciones contra la dignidad, 18 habían sido víctimas de privación ilegal de la libertad y 17 les habían atentado contra sus familiares, 14 fueron objeto de robo con violencia y 13 de tentativa de homicidio.

Por su parte Carlos Rubio, gerente de Integralia Consultores destacó que en las agresiones contra políticos hay una muy alta tasa de letalidad, lo que quiere decir que quienes están detrás de ese tipo de agresiones tenían la intención de matar a las víctimas. 

Son más vulnerables los políticos del ámbito municipal opositores

Los reportes de Etellekt señalan que 87% de los de los 68 políticos asesinados en lo que va del proceso electoral actual pertenecen al ámbito municipal. Han matado desde alcaldes, exalcaldes regidores, exregidores, síndicos, exsíndicos y también aspirantes a esos cargos municipales, incluyendo a militantes y dirigentes partidistas de comités directivos municipales.

El análisis de los datos realizado por Salazar permite observar que 75% de los 68 políticos asesinados en lo que va del proceso electoral, eran opositores a los partidos o coaliciones gobernantes en los estados y, cuando esta variable se traslada a lo local el problema se agudiza. 

De los 21 políticos asesinados, 18 buscaban una candidatura a presidente municipal o regidor.

Eso quiere decir que ser opositor en México conlleva un enorme riesgo y hay mayor riesgo cuando se aspira a un cargo de elección municipal, concluyó.

Según Etellekt, de septiembre a marzo pasado, de los 65 políticos asesinados 13 eran del PRI, 11 de Morena, 10 del PRD, nueve del PAN y los 22 restantes de otros partidos.

En ese sentido, Carlos Rubio destacó que la gran mayoría de los casos de ese tipo de violencia se cometen en el ámbito municipal, principalmente en municipios de menos de 100,000 habitantes o relativamente alejados de los centros urbanos, que son también los más marginados y tienen una menor presencia de la fuerza pública.

Asimismo, dijo que Morena y el PRI son los partidos que concentran más ataques a sus militantes porque son los que concentran mayor presencia territorial.

Guerrero, Veracruz y Oaxaca, son las entidades más inseguras para los políticos

El problema de la violencia no es un asunto generalizado en el país, sino que está mayormente concentrado en entidades del Golfo y sur del país, principalmente en Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

Veracruz tiene un total de 14 de los 68 asesinatos contra políticos. En segundo lugar, aparece Oaxaca con ocho víctimas, Guerreo siete, Guanajuato cinco; mientras que el Estado de México, Jalisco y Morelos tienen cuatro víctimas cada uno.

Salazar detalló que Veracruz concentra 20% de los 317 delitos cometidos contra políticos. Incluso los registros señalan que 21% de los políticos asesinados eran veracruzanos. Una quinta parte de la violencia se localiza en esa entidad.

En este sentido el analista llamó la atención que 2021 es el año que por primera vez se empatan las elecciones municipales con una elección federal, donde la violencia electoral ya se venía dando desde procesos locales.

En su opinión, el hecho de que en los años recientes hayan ocurrido varios procesos electorales en poco tiempo debido a que recientemente esa entidad reformó su constitución para empatar los procesos locales, motivó a que se rompieran los hilos de poder del gobernador hacia los políticos locales que tenían claro que cuando alguien cometía un delito de tipo político, sí se les procesaba penalmente, pero ahora hay mucha impunidad.

Esa situación de debilidad institucional, añadió, también es aprovechada por la delincuencia organizada y grupos de poder económico y empiezan a establecer pactos con los candidatos.

Narrativa oficial y el factor narcotráfico

Salazar cuestionó la narrativa del gobierno federal sobre este problema, porque, recalcó, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se asumieron como fiscales, cuando es una función que no les compete y empezaron a prejuzgar sobre la presunta responsabilidad del narcotráfico.

El 9 de abril pasado durante una presentación sobre la “Estrategia de protección en contexto electoral” se planteó que “el partido del crimen amenaza a candidatos y candidatas para incrementar su influencia”.

Por ello, el gobierno federal implementó un protocolo e impulsó un “acuerdo con gobernadores y mesas de paz estatales”. 

Además, se informó que se han abierto medidas de protección a 41 candidatos (22 de policías estatales, 16 de la Guardia Nacional y tres de autoridades locales).

Rubén Salazar destacó que generalmente los avances de las investigaciones de ese tipo de agresiones son muy limitados y se concentran principalmente en los homicidios y aun así son muy escasos los avances.

Dijo que, de los 21 aspirantes asesinados, salvo en un caso, no hay indicios que fortalezcan líneas de investigación que apunten hacia el narcotráfico sino a otras direcciones como figuras políticas o funcionarios públicos. 

Recordó el caso del asesinato del diputado local Juan Antonio Acosta Cano, aspirante panista a la presidencia municipal de Juventino Rosas, Guanajuato, ocurrido a mediados de enero, donde las investigaciones derivaron en la detención del director de tránsito municipal de ese lugar como presunto autor material del homicidio.

Por otra parte, en Puerto Morelos, Quintana Roo, en marzo asesinaron al candidato de la alianza conformada por el Partido Verde Ecologista de México-Morena, Ignacio Sánchez Cordero y a las pocas horas del hecho aparecieron mantas en las que señalaban como culpables a funcionarios del mismo municipio.

En ese caso, la Fiscalía de Justicia del Estado realizó un cateo en la casa de un candidato opositor a la misma alcaldía, quien a su vez acusó a la presidenta municipal de ser la autora intelectual del homicidio, aunque aún no ha sido juzgado.

El especialista destacó que un disparador de esos atentados fueron los procesos de designación de candidaturas, en donde quedaron grupos inconformes ante la definición de candidaturas y reaccionaron de manera agresiva.

En su opinión, la violencia contra políticos no es una consecuencia de la violencia generalizada de los grupos del narcotráfico. “No es cierto que donde hay más presencia del crimen organizado hay más violencia política”.

Argumentó que en entidades que tienen una elevada presencia de crimen organizado, por ejemplo, Baja California, en 20 años sólo han asesinado a un candidato. Otro caso es Sonora donde sólo han asesinado a un aspirante en los últimos años.

Por su parte Carlos Rubio consideró que una buena parte de los ataques contra políticos sí es perpetuada por el crimen organizado —aunque indicó que también hay actos perpetrados por cacicazgos locales o violencias intracomunitarias— que buscan el control, sobre todo de gobiernos municipales, que son los más vulnerables a ese tipo de acciones.

Argumentó que entre las motivaciones del crimen organizado a incidir en quienes serán candidatos y autoridades está el poder acceder a información privilegiada relacionadas con estrategias de seguridad; acceder a protección y resguardo de policías municipales, ampliar su margen de maniobra en municipios o bien acceder a los fondos públicos.

El especialista en temas de Seguridad de Integralia, dijo que se han podido identificar a un amplio rango de organizaciones criminales que participan en ese tipo de ataques, pero, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, sobre todo en el Bajío y centro del país.

Sin embargo, mencionó que en algunas entidades lo que hay son varias organizaciones criminales que buscan incidir. Claramente, dijo, es el caso de Veracruz, por ejemplo.

Violencia vulnera certidumbre

El director de Etellekt dijo que lo que no se puede permitir es que los responsables de esa violencia se beneficien electoralmente de esos actos y obtengan el poder.

No podemos permitir que la democracia sea omisa en este tipo de situaciones y se contribuya a la impunidad haciendo prejuicios sobre las presuntas responsabilidades diciendo que en todos los casos fue el narcotráfico.

Por ello, lo que se tiene que saber es quién se beneficia de eso para poder hacer justicia electoral.

Aseveró que lo grave de que esos crímenes queden impunes es que estaríamos entrando a un proceso de involución democrática terrible.

Carlos Rubio subrayó que la violencia en contra de políticos vulnera la certidumbre del proceso democrático y la capacidad de la ciudadanía para escoger los titulares de los cargos de elección popular que consideran mejores.

Como sea, los candidatos a puestos de elección popular están ya en las calles en busca del voto popular y muchos de ellos poniéndose en riesgo por participar. El registro de agresiones sigue abierto.

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