Un vía crucis, tramitar credencial para personas con discapacidad

El gobierno no facilita la identificación y atención de personas con alguna discapacidad, lo cual se refleja en los trámites burocráticos y los altos costos para obtener la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, expedida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Dicho documento, a pesar de ser gratuito, carece de difusión; únicamente cuenta con una vigencia de entre dos y cinco años y genera un gasto para las personas que deben pagar hasta siete consultas para acceder a la identificación que, por si fuera poco, tampoco brinda beneficios significativos.

Karina Martínez Vera, directora del Instituto Mexicano de Inclusión y Desarrollo Integral (IMIDI) y miembro de la Red Estatal de Inclusión CABE, explicó que el proceso para la emisión de la credencial es tardado e implica una serie de consultas médicas, lo que incluso hace que los interesados desistan del trámite.

“Tienes que ir al CRISVER y ahí solicitar tu credencial (…) Para que tú puedas acceder a tu credencial tienes que pasar todo un proceso: primero te registras en Trabajo Social, luego con el médico general, luego con otro médico, en fin; varias consultas, y las consultas en promedio están en 100 pesos”, detalló.

“Aunque la credencial es gratuita, para que tú puedas acceder a la credencial debes pasar por todo ese proceso para que finalmente te digan ‘sí te vamos a dar tu credencial’, que además es temporal”, agregó.

La directora del IMIDI señaló el gobierno tiene la responsabilidad de generar estadísticas que permitan definir el porcentaje de la población que cuenta con alguna discapacidad en el país.

Afirmó que esta credencial podría contribuir para conocer al universo de personas con condiciones diferentes en ciudades como Xalapa. Aunque lamentó que a la fecha muchas de ellas ni siquiera saben que existe.

“Al tú generar una credencial de discapacidad por supuesto que estás ya integrando un padrón real, auténtico, tangible; porque ya estás viendo no solo un número, estás viendo directamente a la persona”.

La activista criticó que las autoridades deban realizar todo un análisis clínico para corroborar condiciones como Síndrome de Down y Discapacidad Intelectual a pesar de sustentarlo con estudios genéticos y el estado físico de las personas.

Por ello, reiteró la necesidad de facilitar el acceso a la identificación mediante el DIF Estatal de Veracruz y sin una vigencia, ya que su renovación implica repetir el mismo trámite.

“Porque te piden volver a pasar todo este proceso, entonces estamos hablando de otros 600, 700 u 800 pesos”, señaló ante el gasto que implican las consultas, a lo cual se deben añadir gastos de transporte para las personas que provienen de municipios alejados.