Un fracaso, alerta temprana de protección a periodistas y activistas en Veracruz

La Alerta Temprana firmada en noviembre de 2015 en Veracruz como parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas “no llegó a buen puerto” y fracasó.

Esto lo señaló la periodista y miembro del Consejo Consultivo del mecanismo, Lucía Lagunes, quien señaló que los gobiernos estatales no han tomado en cuenta las peticiones que hace la Junta de Gobierno.

Cabe recordar que dicha Alerta es considerada la primera para pedir protección a periodistas en México y América Latina.

Sin embargo, los crímenes de periodistas no han cesado desde que se decretó hace más de seis años.

“Veracruz fue un tema en 2010 y especialmente con el gobernador (Javier) Duarte. Se hizo una primera acción que está en el marco de la ley que es una Alerta Temprana, que es una acción que busca de manera más integral poder tomar acciones en entidades para poder garantizar la vida, la integridad, pero sobre todo que sigan haciendo su labor de defensa o de su trabajo periodístico.

“En el caso de Veracruz se hizo la Alerta Temprana para poder tratar de construir rutas estructurales para garantizar la vida e integridad de periodistas; sin embargo no llegó a buen puerto, es una iniciativa que se abandonó, que tuvo muchas dificultades para poder garantizar un seguimiento permanente”, expuso.

En su participación en el Tribunal de los Pueblos por el Asesinato de Periodistas advirtió que cuando llegan gobiernos autoritarios el ingreso de personas al mecanismo de esas entidades es exponencial: “no es de uno en uno, sino de 10 o de 20 personas que solicitan precisamente la protección”.

IGNORAN MECANISMO

En su participación, Lagunes refirió que la atención a los periodistas no es una política de Estado y existe descentralización de las unidades estatales que conforman el mecanismo, pues los encargados no están capacitados y “deben de pedir permiso” para atender una solicitud de intervención, pese a que legalmente tienen atribuciones a la par de un secretario de Gobierno.

Explicó que a la fecha hay 545 beneficiarias del mecanismo de protección, de las cuales el 40 por ciento son comunicadores y de esa cifra el 30 por ciento son mujeres periodistas.

Reveló que en los últimos tres años un total de nueve periodistas que habían accedido al mecanismo de protección fueron asesinados en el país.

Sin embargo, evidenció, el dato concreto de las personas que han solicitado la protección no ha sido aportado por la Coordinación Ejecutiva Nacional.

La integrante del Consejo recordó que el mecanismo busca atender a las personas que soliciten ayuda, aunque primero se define si la vida del peticionario está en riesgo y se implementan los procedimientos para definir los planes de protección tanto ordinarios como preventivos.

“En este cambio de gobierno hubo también un cambio en la prioridad del lugar que ocupa el mecanismo de protección como una parte de una política que tendría que ser de Estado y no una instancia en la cual recae la responsabilidad del Estado (…).

“El Estado, el resto de las autoridades que no forman parte de la Junta de Gobierno no se sienten obligados a tomar acciones para proteger, sino que creen y están absolutamente convencidos de ello que la única instancia responsable de ellos se llama mecanismo de protección”, mencionó.

Añadió que la relación con autoridades estatales y municipales es complicada, ya que no se sienten obligadas de acatar el mandato de la Junta de Gobierno.

“Si se solicita que en alguna entidad federativa exista una cosa tan básica como luminarias, es decir, iluminar el camino o la zona en la cual vive ese periodista, esa periodista, la autoridad estatal no se siente obligada a una cosa tan básica”, expuso. 

Refirió que hay unidades estatales para coordinar acciones junto con la Federación, pero todo esto quedó en una acción política pues no hubo ningún tipo de seguimiento para ejecutar llamados del mecanismo de protección.

“Estas unidades qué son, puede ser una mesa y una persona y nada más. No tiene ninguna capacidad real de actuación y de mando para ejecutar una petición del mecanismo de protección.

“Si no existe, pese a que el acuerdo era que quienes formaban parte de las unidades de enlace debían tener como mínimo el nivel de secretaría de Gobierno, que es el segundo cargo en las entidades federativas de poder político y de operación, esto no ocurre así; se ha decidido que sea una persona que no tiene esa capacidad de ejecutar, lo que hace inoperantes estas unidades de atención y sin formación en derechos humanos y libertad de expresión”, indicó. 

Refirió que además se han registrado casos de periodistas mujeres que solicitan la protección y que son víctimas de acoso u hostigamiento sexual de los escoltas que son otorgados por el mecanismo de protección, lo que genera mayor vulneración.

“El mecanismo no ha tomado una iniciativa proactiva para precisamente garantizar las vías por las cuales estas mujeres no tuvieran que pasar porque sus escoltas sean, además, sus agresores. Esto me parece que es gravísimo porque se ha leído como una exageración de las propias periodistas que lo han denunciado, sin entender lo que implica para una periodista que de por sí vive ya una violencia tener que cuidarse de quien se supone la iba a cuidar”, lamentó.