Como lo habían pronosticado abogados, el traslado del Juzgado Sexto de lo Familiar al municipio de Nogales solo ha representado más gastos para los imputables y los mismos defensores, que además tienen que dirigirse a los municipios cercanos para poder contar con algunos servicios.
“Francamente, la disposición que determinó el Poder Judicial estatal fue un error garrafal, no es posible que ellos lo vean desde la perspectiva política, desafortunadamente estamos pagando el costo de una política ratonera del partido en el poder”, indicó el abogado postulante Armando Vázquez Garibay, quien radica en la ciudad de Córdoba.
Consideró que desde el punto de vista que se quiera ver este traslado del juzgado no beneficia a nadie, cuando se supone que una decisión de esa naturaleza al menos debería ser para el bien común, pero no es así.
Mencionó que si para ellos se duplican los gastos, los imputables son los que lo resienten e incluso los propios empleados del Poder Judicial.
Consideró que se trata de una situación preocupante que hace cuestionar “en manos de quién estamos”.
Por su parte, el licenciado Juan Oropeza Flores, secretario del Colegio de Abogados de Orizaba-Altas Montañas, indicó que al final resultó como ellos siempre lo mencionaron: las instalaciones son pequeñas y no adecuadas para el cúmulo de gente que acude.
“Eso se veía venir, nosotros ya lo habíamos mencionado pero se nos vendió la idea de que iban a estar mejor. Probablemente estén mejor porque tienen clima, pero la realidad de las cosas es que estamos aglomerados y apretados en un espacio pequeño como sucedía en Orizaba, pero al final, en Orizaba estábamos a la mano y podíamos hace todo”.
Agregó que acudir a Nogales implica a la población y a ellos mismos destinar mediodía y duplica sus gastos, ya sea por la gasolina o en el autobús porque tienen que regresar a Orizaba a realizar trámites y de nuevo viajar a Nogales.
Mencionó que supuestamente iba a haber un módulo pero no es así, tampoco funciona el Banco del Bienestar y en las tiendas departamentales no les hacen el trámite de pago de pensiones, entonces la gente tiene que ir de todos modos a Orizaba.
Comentó que por si fuera poco, cuando inició funciones, el juzgado pareciera que hubo instrucción a tránsito de vigilar con lupa el lugar y a varios se llevó la grúa, pues no hay espacios adecuados para estacionarse.
“No es el espacio adecuado, no es el lugar indicado, pero al final a la autoridad le valió un verdadero cacahuate”.
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