Tras 6 años de agresión a pensionados por parte de policías, Copipev espera justicia

Integrantes de la Coalición de Pensionados Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) acusaron que, a casi seis años de haber sufrido una fuerte agresión por parte de los cuerpos policiacos del estado, cuando protestaban en la vía pública por el incumplimiento reiterado en el pago de sus pensiones, siguen en espera de la procuración de justicia.

Señalaron que están en espera de que el juez de control les cite para reactivar su caso pues, aunque se les ofreció una disculpa pública, los responsables de la agresión siguen impunes.

Asimismo, señalaron que desde agosto de 2016 interpusieron otra demanda, ahora con motivo del quebranto al patrimonio del IPE, considerado como el saqueo a la Reserva Técnica del Instituto, que por omisión o acción se puede adjudicar al Consejo Directivo del IPE y de otros terceros que resulten responsables.

“Hasta el momento no tenemos una resolución de impartición de justicia por lo que estamos aquí denunciando lo que ha pasado con el saqueo que nosotros hemos señalado a la reserva técnica del IPE”, dijo la presidenta de la coalición Dolores Martínez Amilpa.

Denunció el daño “mayúsculo” que se le ha hecho a la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado además de los malos manejos que se le ha hecho en todo el patrimonio.

Refirió que se deben fincar responsabilidades como lo ha señalado el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y el propio IPE.

“De esta reserva técnica Sefiplan ha comunicado que en esta administración creció 38 por ciento y eso es cierto, pero nosotros tenemos memoria y si recurrimos a cómo estaba la reserva técnica en 2010, tenía más de 2 mil 800 millones de pesos y actualmente tiene un poco más de 1 mil 600 millones de pesos, lo que quiere decir que para que la reserva técnica alcance el monto que tenía hace más de 11 años, necesita crecer todavía un 43 por ciento”.

Recordó que el Orfis interpuso por un presunto daño patrimonial al IPE en la cuenta 2015 dos denuncias que suman cerca de 2 mil 900 millones de pesos.

Además, demandó al IPE en 2016 y 2017, por observaciones no solventadas de la cuenta pública por 284 millones de pesos y por 2 mil 709 millones de pesos

Por su parte el IPE denunció el incumplimiento de un deber legal por la celebración de un contrato mercantil por 150 millones de pesos con el Gobierno del Estado, sin conocimiento del Consejo Directivo, como lo establece la Ley y por no haber saldado el adeudo con sus respectivos intereses devengados. Un motivo más es el impago de otros 180 millones de pesos del que no existe la evidencia del pago.

“¿Por qué nosotros denunciamos? Porque tenemos evidencias, en 2016 hicimos la denuncia, porque se dispuso de dinero de la reserva técnica más de mil 200 millones para pagar prestaciones, los denunciados argumentan que la ley les permite disponer de ese dinero para pagar prestaciones y es cierto, pero la misma ley obliga a devolverlo y eso dinero no ha regresado al IPE por lo tanto señalamos que hay un delito que perseguir”.

Recrodó que Copipev presentó pruebas a la Fiscalía, las que, junto con las que incluye el informe del IPE de 2019 que también las señala, existe sobrada evidencia para fincar la responsabilidad del Consejo Directivo por el ml manejo financiero realizado.

“Pero, ¿qué ha ocurrido con nuestra denuncia ante la Fiscalía? Hemos insistido con frecuencia para conocer el estado de la investigación y hemos encontrado que, después de 4 años, la investigación no concluye. Ha estado a cargo de 6 Fiscales, lo que causa extrañeza, por otra parte, la Fiscalía demoró 3 años en designar Peritos Fiscales y dos años más para contar con el dictamen pericial contable; después de todos estos años desconocemos las líneas de investigación y continuamos esperando que la Fiscalía señale si hay o no, delito que perseguir”.

Por ello dijeron esperar que el plazo que dio el Juez de control, y que vence el 20 de octubre del presente, la Fiscalía se pronuncie sobre si hay o no delito que perseguir.

“Esperamos que la Fiscalía procure una justicia pronta, expedita, profesional e imparcial”, abundó.