Tantoyuca, al borde de la quiebra; daño patrimonial alcanzaría los 252 mdp

Con un presunto daño patrimonial por 252 millones 502 mil pesos, el más alto de los 212 municipios, el Ayuntamiento de Tantoyuca no sólo tendrá que intentar solventarlo, sino que el Órgano de Fiscalización Superior le recomendó ya no gastar más en personal, publicidad y gasto operativo, pues está al tope de su capacidad financiera.

En el Informe de la Cuenta Pública 2021 se detectó que en el último año de la administración de Amado Guzmán Avilés hubo 187 irregularidades, de las cuales 179 correspondieron a la obra pública y ocho fueron de carácter financiero.

Debido a lo que el Orfis califica como un "desordenado manejo financiero y contable de las finanzas del ayuntamiento", resalta la debilidad del municipio, al grado de que si se presenta una disminución de las participaciones federales el próximo año, Tantoyuca estaría en riesgo de incumplir con obras y servicios a la población.

Por ello, resaltó, que el ahora alcalde, Jesús Guzmán Avilés, deberá aplicar una contención del gasto y política de austeridad de manera rigurosa.

En lo que se refiere a la obra pública, prácticamente en todas las revisadas por el Orfis las observaciones son las mismas: la programación de la obra no se apegó a la normatividad aplicable, no contó con proyecto ejecutivo; la adjudicación no se llevó a cabo en concordancia con el marco normativo aplicable ni se hace constar que se optó por las mejores condiciones en cuanto a costo, oportunidad y capacidad técnica; no se presentó la formalización del contrato que garantice haber cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias y no cuenta con las garantías correspondientes.

De igual forma, señaló que el desarrollo de los trabajos no se realizó de acuerdo con la meta establecida, con lo programado y acorde con las especificaciones, control de calidad requeridas y aplicables, no presentaron controles técnicos y administrativos de la ejecución, ni soporte de los trabajos ejecutados que justifiquen los pagos realizados que pudieran generar pagos en exceso, no se hace constar si al término de los trabajos se cumplió con la entrega - recepción y se emitió la garantía correspondiente.

Si bien sólo en algunas se señala que hay deficiencias en la obra pública, en todas la constante es que se asignó de manera directa, e incluso se pagó por adelantado toda la obra y éstas se realizaron con demasiada posterioridad.

Por ello, el Orfis decidió considerar como daño patrimonial el monto total de cada obra, que van desde los 40 mil pesos hasta obras grandes de 9 millones de pesos.