Diputados solicitarán al Orfis indagar rastros de corruptelas de Edel en Poder Judicial

Edel Álvarez Peña tomó protesta como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz el 1 de diciembre de 2016 y apenas 46 días después entregó contratos a un sospechoso grupo de empresas, de acuerdo con reportes periodísticos.

El diputado de Morena Rafael Fararoni Magaña, consciente de la gravedad de estas revelaciones, destacó la importancia de investigar a fondo estas prácticas corruptas.

Si bien las Cuentas Públicas de los años 2015, 2016 y 2017 fueron aprobadas por los exdiputados, ahora es el momento de enfrentar las consecuencias y exigir responsabilidades, por lo que instarán al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a revisar observaciones en las Cuentas Públicas en los años 2015 al 2017.

En el Poder Judicial de Veracruz, se tejió una serie de conexiones turbias que ahora salen a la luz. Una investigación conjunta de CONNECTAS, AVC Noticias y Proceso reveló un entramado de empresas fantasma que recibieron contratos millonarios, mientras el Estado de Veracruz se sumía en la corrupción y el despilfarro.

Bajo la presidencia del Consejo de la Judicatura de Veracruz, se destinaron más de 350 millones de pesos a empresas vinculadas entre sí por socios, apoderados legales y domicilios comunes en distintas entidades del país. Quintana Roo, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México se convirtieron en refugios de estas empresas oscuras.

La trama se fraguó entre 2015 y 2017, cuando una veintena de empresas, inscritas por los mismos notarios, se beneficiaron de contratos otorgados por el Poder Judicial de Veracruz. Dos de ellas, Faundon e Índigo, fueron catalogadas como empresas fantasmas por el Sistema de Administración Tributaria, sin empleados ni activos fijos.

La maquinaria de la corrupción no se detuvo ahí. Para evadir la ley de adquisiciones de Veracruz, el área administrativa del Poder Judicial, liderada por Humberto Rodríguez Losilla, fragmentó los contratos en pequeñas sumas, desde 20 mil pesos hasta 2 millones de pesos. Un total de 690 facturas que dejaban un rastro de irregularidades y opacidad.