Sin justicia; a 14 años de la muerte de Ernestina Ascencio

Al cumplirse 14 años de las agresiones que provocaron la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario, integrantes de asociaciones civiles solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita el informe sobre este caso y haga al Estado Mexicano las recomendaciones que permitan garantizar a las víctimas y a la sociedad la verdad y justicia integral en este caso.

Lizett Hernández Cruz, coordinadora de Kalli Marina, señaló que junto con el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (Cesem) y la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), consideran que el Estado Mexicano sigue siendo omiso en este caso, lo que ha permitido prevalezca la impunidad.

Señalaron que el pasado 17 de enero venció el plazo que el propio Gobierno Federal había solicitado para presentar "una propuesta de solución amistosa en este caso".

Ante esa omisión y silencio, indicó, las citadas organizaciones civiles consideran necesario llevar a cabo una investigación independiente de las agresiones que condujeron a la muerte de Ernestina Ascencio, con cargo al propio Estado, con la colaboración de instancias nacionales e internacionales especialistas en materia de derechos humanos de mujeres indígenas.

De igual forma, abundó, que se cree una estrategia nacional y programa de atención para las mujeres indígenas víctimas de violencia en sus comunidades. 

Cabe recordar que Ernestina Ascencio, de 73 años, fue encontrada por su hijo un 6 de febrero en Tetlatzinga, Soledad Atzompa, cerca de un campamento de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con lesiones producto de una agresión, de la cual los estudios realizados mostraron que había sido objeto de violencia sexual y a consecuencia de los cuales murió.

Sin embargo, antes de concluir la investigación del caso, el presidente Felipe Calderón declaró que su muerte se debía a una gastritis mal cuidada.

Desde entonces el caso ha quedado en el olvido gubernamental.

En un comunicado exponen que han transcurrido dos meses y medio desde que la lamentable posición expresada ante la CIDH a nombre del Estado mexicano durante la audiencia celebrada el 4 de diciembre de 2020 fuera desautorizada por el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, el 10 de diciembre del mismo año, señalando que lo expresado durante la audiencia por los representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, no representaban la postura del Estado mexicano y anunciando que el 3 de enero de 2021 se presentaría ante la propia CIDH una propuesta de solución amistosa de este caso. 

A 14 años que ocurrieron los hechos que causaron la muerte de Ernestina Ascencio, volvieron a refrendar las ocho peticiones expresadas en la audiencia del 4 de diciembre 2020:

1. Exigimos que se garantice el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para doña Ernestina y sus familiares; así como la no repetición de estos hechos contra mujeres indígenas, en la región de Zongolica y en ningún otro lugar en el país. 

2. Exigimos verdad y memoria, para lo cual el Estado mexicano en acuerdo con las peticionarias debe gestionar una investigación independiente con cargo al propio Estado, bajo el prisma y la colaboración de instancias nacionales e internacionales especialistas en materia de derechos de las mujeres indígenas, tendiente a conocer la verdad de lo ocurrido, así como la cadena de responsabilidades. El resultado de dicha investigación deberá hacerse público por el presidente de la República, incluyendo el reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública a los familiares de la señora Ernestina. Sobre la base de las conclusiones, identificar, localizar y sancionar a los responsables, cuya investigación debe hacerse desde una perspectiva interseccional y de género que haga visible las diferentes afectaciones sufridas por la Señora Ernestina. 

3. Exigimos adopción de medidas tendientes a honrar la imagen y la memoria de la señora Ernestina de manera adecuada a su cultura y en acuerdo con su familia.

4. Exigimos que se otorgue reparación integral en el contexto cultural y comunitario, de las consecuencias ocasionadas a la familia de la señora Ernestina Ascencio Rosario, de acuerdo con los estándares establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de manera que recuperen su tranquilidad y repare los daños que la perdida de la señora Ascencio haya causado en sus vidas.

5. Exigimos que, con la participación de mujeres indígenas representantes de organizaciones nacionales e internacionales, identificar e implementar medidas para diseñar e implementar de manera progresiva los derechos económicos, sociales y culturales en las mujeres y pueblos indígenas, en particular, que se garantice el derecho a la salud integral e intercultural, con especial atención en la traducción e interpretación en las lenguas indígenas. 

6. Exigimos que se adopten medidas estructurales de garantía y respeto de la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, vulnerados con hechos tan atroces como los sufridos por la señora Ernestina Ascencio Rosario, asegurando que no lo vuelva a vivir ninguna mujer indígena, que ningún territorio indígena sea ocupado por militares y el retiro de la Guardia Nacional de los territorios indígenas en el país, a menos que las propias comunidades soliciten su presencia, la cual sea supervisada, de manera que garantice a las mujeres indígenas, el ejercicio de sus derechos humanos, incluido el derecho a vivir libres de violencias y discriminación. 

7. Que se adopten las medidas legislativas, administrativas o de cualquier otro carácter, necesarias a fin de garantizar legitimación pública para accionar la justicia penal en casos de violaciones graves a derechos humanos, así como para garantizar el acceso a la información relativa a dichos casos y la eficacia. Asimismo, que las medidas que en el Sistema Nacional contra la violencia hacia las Mujeres se cree una estrategia nacional y programa de atención para las mujeres indígenas, para su aplicación en todos los niveles de gobierno que incluya una estrategia de atención a las mujeres indígenas víctimas de violencia en sus comunidades. Que el acceso a la transparencia y el acceso a información pública sea proactivo de las instituciones, sean una práctica y una cultura, así como que las solicitudes sean respondidas en forma oportuna y exhaustiva.

8. Exigimos que cese la persecución y se brinde protección, reconocimiento y reparación del daño ocasionado, a sus familiares y a las personas que a través de los años han defendido la verdad y la justicia ante lo ocurrido, entre ellos, periodistas, servidores públicos y defensores de derechos humanos.