¿‘Sepultan’ delitos electorales de Duarte en Veracruz?; FGR blinda información

• Guatemala no otorgó a México la extradición del ex gobernador por delito electoral

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó confirmar o desmentir si la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, teniendo como titular a Santiago Nieto, realizó alguna petición para que la Subprocuraduría  Jurídica y Asuntos Internacionales o alguna otra dependencia de la FGR incluyera uno o varios delitos electorales en la solicitud de extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, al Gobierno de Guatemala.

El fiscal Santiago Nieto señaló que acciones de Duarte de Ochoa pusieron en riesgo el proceso electoral en la entidad. 

Al respecto, la FGR sostuvo que es ilegal otorgar cualquier tipo de información de un expediente de investigación, ya sea de una averiguación previa o una carpeta de investigación, y por tanto no es posible divulgar su contenido a ninguna persona.

El afirmar o negar la existencia de las peticiones de inclusión de delitos electorales en las solicitudes de extradición de las personas de su interés, daría cuenta de la existencia de líneas de investigación en esa materia, que -posiblemente- no sean del conocimiento de las personas de referencia o sus abogados, lo que, por una parte implicaría una afectación a la intimidad, presunción de inocencia honor y buen nombre de las personas, y por otra parte, causaría una afectación a la prevención de los delitos”, sostuvo vía transparencia la FGR.

En su momento, Santiago Nieto mencionó ante los medios de comunicación que realizaría la petición correspondiente para que se incluyera en la solicitud de extradición el delito electoral, del cual ya se tenía orden de aprehensión en contra del exgobernador.

Sin embargo, un juez federal otorgó una suspensión definitiva que frenó temporalmente la orden de aprehensión librada contra el ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, donde se le acusó de haber negado recursos económicos para el buen funcionamiento electoral de la entidad. 

Juan Mateo de Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó la medida cautelar contra el mandamiento judicial librado en 2017 a petición de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República (PGR). 

LOS CAMINOS LEGALES A SEGUIR

El entonces titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, consignó un expediente donde responsabilizó a Javier Duarte de obstaculizar las funciones electorales en la entidad, lo que puso en riesgo los comicios. 

Sin embargo, Guatemala no otorgó a México la extradición del ex gobernador por este delito. No obstante, la Fiscalía General de la República aún podría cumplimentarla. Para ello, Javier Duarte primero deberá cumplir su sentencia y recuperar su libertad. 

La fiscalía solo puede actuar 60 días después de la liberación. 

De acuerdo con el diario Milenio, el Tratado de Extradición firmado entre México y Guatemala contiene una regla de especialidad en su artículo 15 que señala:

“La persona reclamada que ha sido entregada de conformidad con este Tratado no podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el territorio de la parte requirente por un delito distinto a aquél por el cual se concedió la extradición ni tampoco será extraditada a un tercer Estado, a menos que: a) no haya abandonado el territorio de la parte requirente dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que hubiere estado en libertad de abandonarlo”.

En 2017, Santiago Nieto informó al procurador general de la República, Raúl Cervantes, que consignó expedientes y logró el libramiento de una orden de aprehensión contra ocho funcionarios públicos de primer nivel del gobierno de Veracruz. 

El delito imputado a Javier Duarte está previsto en el artículo 7, fracción IV, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. La Fepade informó que Duarte era requerido para responder sobre su probable participación en la obstaculización de las labores públicas de los funcionarios electorales del Organismo Público Local Electoral del estado, al negar los recursos económicos necesarios para desarrollar adecuadamente el funcionamiento electoral en esa entidad.