Señalan a fiscal anticorrupción por no proceder contra investigaciones de gobierno de Yunes Linares

A tres años de asumir el mando de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Clementina Salazar, quien anteriormente fuera Jefa de la Unidad de Género de la Oficina del Gobernador, está bajo la lupa.

La hoy titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Veracruz se ha vuelto una “aliada” del partido blanquiazul debido a la inacción contra las carpetas de investigación, principalmente en contra de miembros de Acción Nacional, muchos de ellos excolaboradores de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, se encuentran archivadas, acrecentando la impunidad que ha sido denunciada públicamente contra políticos de gobiernos anteriores, principalmente emanados del PAN.

Entre ellos figuran importantes expedientes con denuncias de desvíos y mal uso de recursos millonarios que involucran, por ejemplo, a Indira Rosales San Román y su sucesor José Rodrigo Marín Franco.

Uno de estos señalamientos en contra de los funcionarios del bienio yunista 2016-2018 es el dado a conocer a través de un trabajo periodístico de una agencia noticiosa titulado “Estafa maestra a la veracruzana fue operada desde Sedesol”, en donde reveló que esta dependencia entregó contratos por más de 226 millones de pesos del Programa contra la pobreza “Veracruz Cuenta Contigo” a empresas que son parte de una red vinculada al fraude y desvío de recursos en universidades públicas y dependencias federales.

En dichos trabajos periodísticos explican que, en el caso de Rosales San Román, realizó “adjudicación directa” a las empresas Custom Performances SA de CV por 121.4 millones de pesos; D&P México Servicios Digitales SA de CV por 90.4 millones de pesos e Integración Documental SA de CV por 15.1 millones de pesos por diversos servicios.

Esta empresa ya había sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación de formar parte de una red de corrupción con empresas fantasmas, mismas que presuntamente habrían sido usadas para el desvío de recursos en la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), parte de la llamada “Estafa Maestra”.

Debido a ello, el 02 de abril de 2019, en un oficio dirigido al entonces Fiscal Jorge Winckler, Héctor Rivera Castillo, Director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, denunció a Indira Rosales San Román, María José Noriega Mañez, José Isaac Burgos Villar, Eduardo Vargas Sánchez, Jesús Chávez Díaz, Jessica Lizbeth Aguilar Flores y Raquel Pantoja Hernández, por realizar contratos “de forma dolosa”, por más de 52 millones de pesos.

Mismo que se refiere a la adjudicación directa del contrato SEDESOL-ADJ-002-2017, de marzo de 2017, por un monto de 17 millones 386 mil 490 pesos por el arrendamiento de 283 unidades y el contrato SEDESOL-LPN-105T00000-002-17, por un monto máximo de 34 millones 955 mil 440.30 pesos, también por uso de unidades vehiculares por parte de la Secretaría a través de la Dirección General de Coordinación para el combate a la pobreza, los que suman poco más de 52 mdp.

Por otro lado, Marín Franco, promovió y asignó la licitación pública estatal SEDESOL-DGMCV-LP-OP-006/2018, relativa a la obra pública de "Construcción de cuartos dormitorios para la región Coatzacoalcos-Minatitlán, en diversas localidades de los municipios de Acayucan, Chinameca, Jesús Carranza, Mecayapan, Oluta, Pajapan, Sayula de Alemán, Soteapan y Zaragoza Veracruz".

Para esta licitación se autorizó un monto de $32 millones 457 mil 200 pesos con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2018 (FISE) recurso del presupuesto de la federación.

El contrato fue celebrado con el representante legal de la empresa Flavio A. Olivo Collosia y Roberto Sánchez Ceballos, entonces Secretario Técnico y Elida Ahuet Romero, en ese tiempo Directora General de mejoramiento de las condiciones de la vivienda, María José Noriega Mañez quien fue Jefa de la Unidad Administrativa y José Isaac Burgos Villar, entonces director jurídico, todos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz.

Dicho contrato fue programado con fecha de inicio de la obra el día 30 de abril y de conclusión el día 28 de julio del 2018, y además se designó a un técnico para la supervisión y seguimiento de los avances de la obra. 

Una larga lista de servidores Públicos que simularon actos jurídicos para beneficiar a la empresa denunciada y con ello llevar a cabo pagos por una obra pública que jamás fue concluida.