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Sedesol indagará acusaciones del PRI sobre corruptelas con programas sociales

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Guillermo Fernández Sánchez, afirmó que investigará si servidores públicos de la dependencia también son beneficiarios de programas sociales del Estado y de la Federación y que entregará esta información al Congreso del Estado.

Y es que el legislador del PRI, Marlon Ramírez Marín, dijo que identificó en el Padrón único de sujetos, derecho y administración de información territorial a 27 servidores públicos estatales, un jefe de departamento y 26 analistas de la SEDESOL, quienes percibirían salario como servidores públicos y apoyos como beneficiarios del programa Estrategia Sembremos Bienestar Común.

Sedesol indagará  acusaciones del PRI sobre corruptelas con programas sociales
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El legislador entregó al funcionario el listado de los servidores públicos involucrados, así como los datos de remuneración que perciben y los apoyos sociales en los que estarían accediendo como beneficiarios.


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"Lo que puedo decir es que los apoyos, como son relativos a un programa emergente por lo que veo; nosotros publicamos también las reglas para otorgar dentro del programa emergente por el COVID-19 el año anterior y también este año, publicamos las reglas y no nada más consisten en que los funcionarios no lo deban hacer, eso está prohibido.

"Las reglas estaban enfocadas más bien en que no duplicásemos programas sociales hacia el público en general; así que esta información que entrega con nombres, salarios y apoyos lo voy a revisar y con mucho gusto yo en 48 horas le contestaré", señaló el secretario.

En su intervención, el líder estatal del PRI dijo que en total las personas involucradas perciben 331 mil 398 pesos de programas sociales estatales al mes, adicionales a sus ingresos como servidores públicos, los cuales oscilan entre 13 mil hasta 25 mil 660 pesos mensuales.


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"A lo que se le suma que varios de ellos también son beneficiarios de programas sociales federales como Jóvenes Construyendo el Futuro", aseveró el legislador del tricolor, quien incluso ofreció el apoyo del grupo legislativo del PRI en este tema.

El secretario respondió que no cree que la información sea verídica, sin embargo, dijo que investigará el asunto.



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Ramírez Marín también pidió al secretario aclarar por qué en el organigrama de la dependencia aparece una mujer de nombre Gloria Sánchez Hernández como jefa del departamento del registro estatal de información regional y beneficiaria de programas sociales, así como estatales, pidiendo aclarar si se trata de la senadora por MORENA en Veracruz del mismo nombre.

En la segunda ronda de preguntas, Ramírez Marín señaló que el 68 por ciento de los contratos de del Gobierno han sido adjudicaciones y preguntó al funcionario si conoce a la empresa Proyectos y Construcciones Arema SA de CV, a la que se le han adjudicado más de 10 millones de pesos, además de si tiene conocimiento de las adjudicaciones hechas a la empresa Ridali Proyectos y Construcciones SA de CV.


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El funcionario dijo que la dependencia realizó 44 licitaciones, de las cuales 18 fueron licitaciones públicas, 11 invitaciones a cuando menos tres empresas, y por cuestiones de procesos desiertos, se hicieron 6 adjudicaciones directas.

"Han sido lo menos, lo más que queremos es siempre poner a competir a empresas constructoras en licitaciones públicas."


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Reconoció que la empresa AREMA ha participado en licitaciones públicas, y también ha recibido adjudicaciones, aunque "muchas de las veces" no resultó ganadora; respecto a RIDALI mencionó que "no es una empresa que tenga en la mente."

El legislador refirió que RIDALI, creada en 2019, tiene contratos en Sesver, SIOP, Espacios Educativos y Sedesol, y su representante legal se desempeñaba como funcionario público, Jefe de Departamento de CECYTEV, lo que violentaría el Artículo 45 de la Ley de Adquisiciones y el Artículo 52 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Veracruz.

Finalmente, el diputado local afirmó que hará llegar a la SEDESOL un listado de empresas constituidas en 2019, dos meses después que llegara la actual administración estatal, y son empresas que han obtenido obras en la actual gestión.