Rogelio N no es intocable, asevera Verónica Hernández Giadáns

La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, negó que la nueva vinculación a proceso del exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, tenga tintes políticos o deba ser tratado como un “preso político”.

Entrevistada en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), afirmó que el organismo a su cargo actúa apegado a derecho y que ahora ya “no hay intocables”. 

Incluso, mencionó que podría “sorprender” que ahora se investigue y procese a quienes antes eran consideramos como intocables.

“Definitivamente no, la Fiscalía ha dado muestra de que actuamos apegados a derecho y hemos demostrado que no hay impunidad ni intocables y quizá eso es lo que sorprende, que antes a la gente que se protegía y no se investigaba ahora se investiga y se procede”.

PRISIÓN PREVENTIVA

La fiscal general recordó que Rogelio “N” fue imputado por los delitos antes señalados y se le dictó prisión preventiva de un año dentro del proceso penal 312/2021, pero había conseguido un amparo con el que se determinó su no vinculación a proceso.

“Definitivamente no, la Fiscalía ha dado muestra de que actuamos apegados a derecho y hemos demostrado que no hay impunidad ni intocables y quizá eso es lo que sorprende, que antes a la gente que se protegía y no se investigaba ahora se investiga y se procede”.

Hernández Giadáns indicó que la audiencia de vinculación está pactada para el próximo 21 de diciembre.

Hay que recordar que a Rogelio “N” se le señala por el presunto uso de fondos públicos para promover la imagen de su superior jerárquico, Miguel Ángel Yunes, con fines electorales y para beneficiar así a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato del PAN a la gubernatura en 2018, según la acusación de la Fiscalía.

Además, se le señala por el contrato de prestación de servicios entre el Gobierno del Estado y la empresa AV REAL ESTATE LLC, encargada de la asesoría legal para la recuperación de bienes de exfuncionarios señalados de corrupción.