La fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, no puede descartar la implementación de las fiscalías especializadas contra feminicidios y crímenes de odio por falta de presupuesto en Veracruz.
Esto lo expresó la Directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza, quien señaló que dichos órganos especializados son un reclamo de activistas feministas y de la comunidad LGBT+-
Además, recordó que incluso la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) estudia implementar una tercera Alerta de Violencia de Género en Veracruz por desapariciones.
Cabe señalar que el pasado 24 de enero, la titular del organismo autónomo argumentó que es “imposible” cumplir con las reformas a Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado que mandata la creación de fiscalías especializadas contra feminicidios en los 212 municipios de Veracruz.
Además, advirtió que, sin presupuesto, tampoco será posible la creación de una Fiscalía Especializada contra crímenes de odio, por lo que pidió a los diputados de la actual LXVI Legislatura no valar este tipo de reformas sin un trabajo coordinado.
“No es prudente, con el presupuesto que tenemos asignado, cumplir con esta disposición de la Ley; considero que cuando se obliga a que exista este tipo de, en el caso de la Ley que usted menciona, de fiscalías para cada municipio, no se pueden hacer este tipo de reformas sin contemplar el presupuesto”, argumentó Hernández Giadáns.
Al respecto, Estrada Mendoza dijo que el grupo de trabajo de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres (CONAVIM) ha identificado que la entidad es un estado de alta criminalidad, por lo que inclusos se contempla una Tercera Alerta.
“La fiscal no puede decir eso -que no crea fiscalías por falta de dinero-. La fiscal tiene que decir ‘yo hice un diagnóstico de la necesidad que hay en materia de violencia a las mujeres y es esto’”, sentenció.
“Eso no implica que la fiscalía con sus recursos y si es una obligación proteger y garantizar la vida de las mujeres que está colapsado porque a las mujeres las matan por su condición de género, la fiscal debe, con los recursos que tiene, proteger a las mujeres porque esa es su obligación.
Consideró que la postura de Hernández Giadáns es grave, pues ella no puede condicionar la impartición de justicia justificándose en la falta de dinero.
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