El caso del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla debe servir de ejemplo a los entes fiscalizables de las consecuencias graves de resistirse al mandato legal de rendición de cuentas al pueblo, consideró la vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, la diputada Magaly Armenta Oliveros.
Para la legisladora, la noticia no debería ser la intervención de una tesorería, sino la insólita negativa de un ayuntamiento a permitir ser auditado conforme a derecho por parte del Poder Legislativo, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de su obligación legal de fiscalizar al Estado y a los Municipios.
¿Qué ocultará el Ayuntamiento que negó información a los auditores? ¿Y en qué clase de estado viviríamos si como Congreso del Estado dejáramos pasar sin consecuencias este tipo de soberbia prepotencia?".
Indicó que con la determinación del Congreso Local se envía al pueblo de Veracruz el mensaje de que este tipo de anomalías no tienen cabida en esta etapa de la vida pública del estado, “donde nuestro compromiso es en contra de la corrupción y la opacidad”, advirtió.
“Hacerse la víctima y tratar de politizar este lamentable caso será un agravio adicional al pueblo bueno y trabajador de San Andrés Tuxtla”, concluyó Magaly Armenta.
Cabe recordar que el pasado 10 de noviembre el Pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura aprobó intervenir la Tesorería de San Andrés Tuxtla hasta por dos años.
La intención es supervisar y evaluar que el gasto programado en el ayuntamiento cumpla con los objetivos establecidos dentro de los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia.
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