Propone diputado cambios y no derogación del delito de ultrajes

El diputado morenista por el distrito de Emiliano Zapata, Luis Antonio Luna Rosales, presentó la iniciativa de decreto del artículo 331 del Código Penal, referente al delito de ultrajes a la autoridad.

Cabe destacar que de aprobarse en sus términos la iniciativa, el Congreso local no derogaría el delito de ultrajes a la autoridad, e implementaría modificaciones de forma al artículo 331 del Código Penal del Estado, determinando que incurre en este delito quien implemente “violencia física” en contra de un servidor público.

En la tercera sesión ordinaria de la Diputación Permanente, el legislador planteó solo reformar la fracción II del artículo 331 y derogar la fracción IV de este mismo numeral.

El artículo 331 dice a la letra:

“Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes:

I. Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; II. Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; III. Que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito; o IV. Que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja”.

La iniciativa del morenista contempla reformar el párrafo II para especificar que solo aplica cuando haya “violencia física” de por medio, para quedar de la siguiente manera: “Se realice por medio de cualquier tipo de violencia física contra la víctima”.

Además, propone eliminar el párrafo IV del citado artículo, en el que plantea el principio de desventaja o riesgo para la defensa o protección de los servidores públicos.

El diputado Luna Rosales justificó la derogación de dicho párrafo al existir ambigüedad y una falta de taxavidad; es decir, se contradice la tipicidad del delito al no haber un encuadre exacto entre los componentes de una hipótesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido, lo que puede conducir a violaciones de los derechos humanos.

Hay que recordar que el 31 de enero pasado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez también envió al Congreso una iniciativa para derogar el 331 del Código Penal, a raíz de lo dictado en la recomendación 146/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En la citada resolución, la defensoría le instruyó al gobernador proponer ante el Legislativo la derogación del numeral 331, luego que policías estatales violaron las garantías básicas de seis jóvenes en una plaza comercial en Xalapa.