Presidenta del Poder Judicial de Veracruz confirma su participación en elecciones de magistrados del 2025

La presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, anunció su intención de participar en la elección popular de magistrados y jueces en 2025, en el marco de la reciente reforma judicial aprobada por el Congreso local.

Este proceso representa un cambio significativo en la forma en que se seleccionan los cargos del sistema judicial, con miras a fortalecer la transparencia y la legitimidad de este poder en el estado.

La reforma judicial: ¿qué implica?

Esta reforma, promovida por el gobierno estatal y avalada por los legisladores, establece que al menos 17 magistrados y 70 jueces locales serán elegidos mediante voto popular el próximo año.

Quienes actualmente ocupan estos cargos tendrán un "pase directo" para participar en el proceso, lo que les permitirá competir en igualdad de condiciones para renovar su mandato.

El nuevo modelo electoral busca acercar al Poder Judicial a la ciudadanía, reforzando su representatividad y legitimidad. Según las proyecciones, la mitad de los cargos será renovada en 2025, mientras que la otra mitad será sometida a elección en 2027, asegurando una transición escalonada.

En el contexto de este cambio, el Poder Judicial ha enfatizado que la reforma permitirá continuar con proyectos clave en curso, como la modernización tecnológica del sistema judicial, la implementación de pagos digitales y la construcción de nuevas sedes.

Un componente esencial de la reforma es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que reforzará los mecanismos de supervisión y sanción contra actos de corrupción dentro del sistema.

Este órgano de control del Poder Judicial tendrá como objetivo garantizar que los servidores públicos cumplan con altos estándares de transparencia y rendición de cuentas.

Garantías para los trabajadores del poder judicial

La presidenta del Poder Judicial destacó que los derechos de los trabajadores sindicalizados no se verán afectados durante este proceso. Los sindicatos mayoritarios han manifestado su respaldo al proyecto, reconociendo que no representa perjuicio alguno para la base trabajadora.

En colaboración con los tres poderes del estado y el Organismo Público Local Electoral (OPLE), ya se trabaja en la recopilación de información sobre las vacantes disponibles y los aspirantes que participarán en el proceso.

La reforma también establece restricciones para evitar conflictos en el ámbito electoral, como la prohibición de participar simultáneamente en elecciones locales y federales. Sin embargo, los interesados tendrán la posibilidad de competir en procesos posteriores.