Nueva presidencia del PJE buscará cancelar ciudades judiciales de Edel Álvarez

Como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, la magistrada Lisbet Aurelia Jiménez también buscará cancelar los contratos de ciudades judiciales que dejó Edel Álvarez Peña.

Esto lo confirmó la directora de Administración del Poder Judicial del Estado (PJE), Joana Marlen Bautista Flores.

En entrevista confirmó que sigue en pie la intención de cancelar los contratos de ciudades judiciales tras el cambio en la presidencia del Tribunal.

CIUDADES ONEROSAS

En entrevista, Bautista Flores sostuvo que ella es “la más feliz” con la llegada de la magistrada Lisbet Aurelia Jiménez, quien anunció que continuará trabajando bajo los lineamientos que establezca la llamada cuarta transformación.

Hay que recordar que Lisbet Aurelia Jiménez rindió protesta el viernes pasado y aseguró que una de sus directrices será el combate a la corrupción.

“Por la confianza depositada por mis pares en la suscrita, mi compromiso es con la sociedad veracruzana y con esta institución que me ha dado tanto. Las directrices que, de aquí en adelante, seguiré en mi trabajo como presidenta de este tribunal, serán la profesionalización, la modernización y el combate a la corrupción.

“Ello, desde luego, siguiendo los lineamientos o la postura que ya ha marcado nuestro presidente de la República, así como nuestro señor gobernador de austeridad”, dijo la nueva presidenta del TSJE.

Al respecto, la directora de Administración del Poder Judicial del Estado sostuvo que, en ese aspecto, “hay buenas noticias”, aunque será la magistrada presidenta la que emita detalles al respecto.

“Estamos cerrando filas en el Poder Judicial y se viene una etapa de trabaja y consolidar ese trabajo que vamos haciendo. Ya se hizo -la revisión a las ciudades judiciales- y hay muy buenos resultados”.

En noviembre pasado, la exmagistrada presidenta, Isabel Romero Cruz, confirmó que quien la sucediera en el cargo debería de buscar la rescisión de los contratos de las ciudades judiciales “si quiere” a la institución.

Romero Cruz subrayó que no se debía dar más dinero a dichos inmuebles “que se ven bonitos por fuera, pero que con el tiempo por dentro no funcionan”.

“Me sobraron ganas para rescindir los contratos, porque el Poder Judicial no va a poder con esa carga tan grande si se siguen construyendo esas ciudades judiciales. Yo no estoy de acuerdo; creo que la ciudadanía menos”, declaró la exmagistrada, quien se jubiló por cumplir 70 años este mes de diciembre.

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) exhibió que, al cierre de la Cuenta Pública 2021, existían todavía 12 Ciudades Judiciales que no contaban con avance físico alguno, mientras que las 4 que ya operan han costado 260 millones de pesos.

De acuerdo con el órgano, las 12 Ciudades Judiciales que no presentan avance físico son Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Coatzacoalcos, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama y Álamo Temapache.