Las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, junto con la de Asuntos Indígenas del Congreso local, han concluido el dictamen que reforma el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Veracruz que reconoce como entidades de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a comunidades pertenecientes a 106 municipios con población indígena y a 11 más con presencia afrodescendiente.
Pronto será presentado al pleno legislativo para su votación.La propuesta normativa busca garantizar que las mujeres y hombres pertenecientes a pueblos indígenas y afromexicanos ejerzan en condiciones de equidad sus derechos políticos, incluyendo el de votar y ser votados, conforme a sus prácticas normativas internas.
Este derecho incluye la facultad de elegir a sus representantes o autoridades para la organización de su gobierno comunitario, siempre dentro del marco legal vigente.
Además, se reconoce que la jurisdicción de estas comunidades será ejercida por sus propias autoridades conforme a sus sistemas normativos, siempre respetando el marco constitucional federal, la Constitución del Estado y las leyes derivadas.
Esto fortalece el respeto a sus formas tradicionales de organización y administración, sin que ello implique restringir los derechos político-electorales de la ciudadanía al momento de elegir a sus autoridades municipales.
El documento legislativo también establece que Veracruz forma parte de la Nación Mexicana y tiene una composición social plural, cimentada en su diversidad étnica y cultural. Los pueblos originarios y afromexicanos, con raíces en sociedades prehispánicas, conservan y transmiten sus estructuras sociales, normativas, económicas y culturales, siendo parte fundamental de la riqueza del estado.
Por otro lado, se otorga el derecho pleno a que las personas de estas comunidades puedan acceder y ejercer cargos de representación popular o funciones públicas para los que resulten electas o designadas, con pleno respeto al pacto federal y a la soberanía estatal. La reforma también asegura que los sistemas normativos internos no podrán en ningún caso vulnerar los derechos ciudadanos en los procesos de elección local.
Cabe mencionar que la iniciativa, presentada por la gobernadora Norma Rocío Nahle García el pasado 3 de enero, fue sometida previamente a un proceso de consulta en mil 91 comunidades indígenas y afromexicanas.
Esto con el fin de garantizar la participación directa de los pueblos involucrados y evitar futuras impugnaciones legales, como ocurrió en una legislatura anterior. Así, la armonización de la legislación veracruzana con la Carta Magna nacional avanza de forma consensuada y legítima.
Finalmente, el nuevo marco legal también contempla la protección del patrimonio cultural tanto tangible como intangible de estos pueblos. Se reconoce su propiedad intelectual colectiva, en los términos que determine la legislación aplicable, reforzando el derecho de preservar, desarrollar y salvaguardar los elementos que integran su identidad y su cultura.
Nosotros | Publicidad | Suscripciones | Contacto | Aviso de Privacidad
Reservados todos los derechos 2025 |