Asociaciones piden a legisladores iniciativas para castigar la violencia vicaría en Veracruz

Integrantes del Frente Nacional contra Violencia Vicaria hicieron un llamado al Congreso de Veracruz para que sus legisladores impulsen las iniciativas con las cuales se busca castigar a quienes cometen violencia vicaría en el estado.

Grace Luna pidió que dichas iniciativas se agreguen a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que la acción se penalice, ya que Veracruz es de las pocas entidades del país donde no se ha logrado.

“Van 19 de 32 estados, en Veracruz estamos en espera y necesitamos de verdad que los diputados se pongan a trabajar, se pongan las pilas, olviden los colores y legislen a favor de las mujeres y de los niños”, indicó.

Recordó que la mayoría de las víctimas cuentan con denuncias falsas en contra. Sin embargo y a pesar de demostrar que se trata de acusaciones falsas, los menores quedan en manos de los violentadores.

En su caso, Grace recordó que padeció la sustracción de uno de sus hijos en 2020, el cual le fue restituido en marzo del año pasado.

Su ex pareja, Carlos Arturo Mendoza Pedraza, habría recobrado su libertad al ser protegido por exfuncionarios del ayuntamiento de Perote.

Militar se llevó a sus hijas

Sin embargo, la mujer dijo temer por su vida y la de su familia, misma situación a la que está expuesta Paulina Sosa, quien hace diez meses padeció la sustracción de sus tres hijas en Minatitlán.

Su ex pareja, un ex militar violento, la engañó asegurándole que llevaría a las menores a acampar; el hombre ya no las devolvió y le afirmó que las niñas ya no querían vivir con su madre.

“Hoy en día no sé nada de ellas, no me deja hablar con ella. Las tiene bien manipuladas, mis hijas le temen mucho, la última ocasión que pude tener una conversación vía telefónica con ellas fue este diciembre que pasó donde mi hija la menor me pidió auxilio”, mencionó.

Ante esa situación, Paulina también hizo un llamado para que las Fiscalías Especializadas hagan su trabajo, pues además dijo ser víctima de violencia institucional.

Lo anterior, debido a que los fiscales que atendieron su caso prefirieron darle agilidad a una denuncia falsa y sin fundamentos que el agresor interpuso en su contra.

“Ya fue judicializada esa carpeta incompleta y la mía por sustracción de menores hacia él que ya está completa no ha sido judicializada. Ya llevo diez meses sin mis hijas; no están yendo a la escuela, no están haciendo su deporte, no están conviviendo con la familia”.