Piden abogados a diputados publicar invalidez de delito de ultrajes

Abogados acudieron este viernes al Congreso del Estado para presentar un escrito y requerir que se dé curso a la declaratoria de invalidez del delito de ultrajes a la autoridad.

Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 331 del Código Penal estatal referente a este tipo penal. Sin embargo, los integrantes del Movimiento por la Justicia acusaron que “les cerraron las puertas” al Palacio Legislativo.

En entrevista en las inmediaciones del Congreso, señalaron que a un año de la aprobación de las reformas a este tipo penal, que ampliaba las penas a quienes agredieran a servidores públicos, especialmente elementos de las fuerzas del orden, es urgente la publicación de la derogación en la Gaceta del Estado.

Los abogados integran el llamado Movimiento por la Justicia, y explicaron que esto haría efectivo el principio de retroactividad a favor de quienes están procesados por ultrajes a la autoridad, lo que les permitirá salir de prisión.

La académica Rosa Hilda Rojas Pérez afirmó que es lamentable que se tenga que solicitar al Congreso la publicación de los alcances de la acción de inconstitucionalidad, que ya resolvió la Suprema Corte.

“Desde luego ya todos los jueces saben que el tipo penal ha quedado derogado y no tendrían que esperar ni siquiera la publicación; da pena que en el Congreso, por una mera formalidad, tenga que retenerse a personas que desde luego ya han sido beneficiadas con esta declaratoria”, opinó.

Rojas Pérez indicó que es el Poder Legislativo, no la Secretaría de Gobierno -de la que depende la Editora de Gobierno, responsable de la publicación en la Gaceta- la que tiene que ordenar que se realice la publicación oficial.

“Por eso en este escrito estamos pidiendo que ordene y se nos expida copias certificadas del oficio de cumplimiento por parte de este órgano legislativo, lo que no ha ocurrido”.

Ricardo Morales Carrasco, otro de los integrantes del Movimiento, indicó que se han pedido audiencias para el sobreseimiento de diversos asuntos que tiene que ver con este delito.

Sin embargo, refrió se les indica que al no estar publicados los resultados de la acción de inconstitucionalidad, no pueden proceder.

“Todos los asuntos han quedado ahí en Orizaba suspendidos y en menoscabo de la libertad de las personas que indebidamente están privadas de su libertad, porque ya el delito fue declarado inconstitucional.

“Ya los clientes y familiares están insistiendo que ya procedamos inclusive penal y administrativamente contra el Poder Judicial”, refirió.

El abogado sentenció que la conducta omisa del Congreso en no ordenar la publicación de la inconstitucionalidad podría encuadrar en responsabilidades y que la propia SCJN ordene al Legislativo la publicación.

Agregaron que buscarán incluso sanciones contra los diputados locales de Veracruz ante esta omisión, pues de acuerdo con el abogado Arturo Nicolás Baltazar, el retraso es para reclasificar las carpetas de investigación de los detenidos.

“Hay personas inocentes detenidas por este infamante artículo 331”, indicó.

Agregó que los diputados podrían estar incurriendo en los delitos de incumplimiento de un deber legal; para el caso de quienes se niegan a liberar a los detenidos, se configuraría el abuso de autoridad.