Periodismo en Veracruz, enfermo y silenciado por el crimen

EXCLUSIVA El periodismo en Veracruz está enfermo ante las condiciones laborales y de seguridad en que realizan su actividad los reporteros. Por lo menos 30 periodistas veracruzanos han sido desplazados forzosamente del territorio. El escenario se complica: empresarios de medios han tolerado la infiltración del crimen organizado, que ha silenciado zonas de Veracruz y restringido la labor informativa, advirtió a Imagen del Golfo Jorge Morales Vázquez.

Al concluir su período en el cargo como secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Jorge Morales Vázquez lamentó que aunque en varias ocasiones pidió un espacio en la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz para coordinar una estrategia contra las agresiones a comunicadores dicho espacio siempre le fue negado.

Afirmó que hay casos plenamente identificados de reporteros en peligro o amenazados, pero falta coordinación entra la Comisión y las instancias de seguridad, de Gobierno y de procuración de justicia.

Lo anterior se hace relevante cuando en Veracruz hay zonas “silenciadas” por el crimen organizado y otras que están bajo el control de funcionarios que amenazan a comunicadores y, pese a que hay evidencias, no se procede.

En entrevista con Imagen del Golfo, Jorge Morales Vázquez sostuvo que se requieren reformas legales para que se puedan hacer estrategias amplias que permitan un clima de seguridad en el desarrollo de la actividad periodística en Veracruz, uno de los lugares más peligrosos para ejercer el oficio en México y en el mundo.

“Pedía un espacio en el Grupo de Seguridad que tiene el Gobierno del Estado, porque pensaba que era posible una estrategia focalizada, es decir, nosotros tenemos identificados factores de riesgo, sobre todo la delincuencia organizada (…) y si un grupo criminal agrede a un periodista, se crea una estrategia para atacar a ese grupo criminal de fondo, a cada agresión a un periodista, van a pagar consecuencias (…); pero la verdad no se llegó a eso”, lamentó.

Refirió que la Comisión sí recibe apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero su idea “romántica” de que al llegar a su encargo podría reunirse con el Gobernador y demás autoridades para tomar medidas en contra de alcaldes y jefes de plaza que amenazaban a los comunicadores, en la realidad no pudo materializarse.

Además señaló que desde que se incorporó a la CEAPP como comisionado y posteriormente como secretario Ejecutivo, se negaba a aceptar que hubiese comunicadores involucrados con la delincuencia organizada abiertamente, pero ahora ya lo considera como una realidad innegable.

Comentó que el organismo ha tenido que protegerse de algunos colegas quienes lo han amenazado por las decisiones que se toman en favor de otros:“El Gobierno sólo piensa que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), está para que no pase nada y para cuidarle las espaldas a los periodistas y no es así”.

Medios han permitido que crimen se infiltre entre ellos en Veracruz

Jorge Morales Vázquez criticó que son los medios los que han permitido que la delincuencia organizada se cuele en su labor; aunque también ha quedado en evidencia que algunos empresarios forman parte de dichos grupos al margen de la Ley.

Ello al ser cuestionado por la detención de Antonio de Jesús “N”, reportero y presunto integrante de una banda de secuestradores, así como hijo del propietario del Diario Presente, en donde laboraba.

“Hay un fenómeno, no lo he personalizado porque no me toca a mí, eso lo tienen que determinar las autoridades”, comentó en relación a la detención del hijo del dueño del Diario Presente de Poza Rica, involucrado en un presunto secuestro. Rechazó que desde la CEAPP se haya criminalizado al medio o a reporteros.

Lamentó la infiltración de la delincuencia organizada en los medios diciendo que ha tenido conocimiento de que incluso repartidores de periódicos “llevan cargamentos de otras cosas” y llegan a extremos de amenazar a los reporteros.

Adicionalmente señaló que tienen información de políticos que están involucrados con actividades delictivas y con ello intentan “silenciar” y “controlar” regiones, al menos periodísticamente. 

En este sentido, recordó el caso del ex alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez, cuyo escolta atacó al periodista Celestino Ruiz, quien fue asesinado en agosto de 2019.

“Este tipo de personas están realizando muchas actividades en distintas regiones de Veracruz, supongo que la autoridad lo sabe. Pero están alimentando esa descomposición”, alertó al añadir que con el venidero proceso electoral, es probable que las amenazas y agresiones hacia el gremio incrementen.

Al menos 30 periodistas han sido desplazados

Como secretario ejecutivo de la CEAPP enumeró que por lo menos 30 periodistas veracruzanos han sido desplazados forzosamente del territorio o han huido ante las amenazas en su contra. Algunos decidieron dejar la actividad reporteril y dedicarse a otras actividades: “Pocos regresaron después de estar desplazados”.

Enfatizó que la violencia hacia los comunicadores se da en todo el estado y en aquellas regiones donde aparentemente no ocurre es porque “están silenciadas (…) y son un campo minado donde ya no puedes tocar nada”.

Abundó que todo el corredor de Acayucan, Isla, Playa Vicente, Tierra Blanca y Sayula de Alemán; así como Las Choapas, Agua Dulce, Nanchital, Córdoba, Orizaba, Tezonapa, Tecolutla, Martínez de la Torre, Misantla, Gutiérrez Zamora, Poza Rica, Tuxpan, Pánuco, representan las zonas “calladas” y reciéntenme se incorporó el Puerto de Veracruz, refiriéndose a información no publicada sobre hechos delictivos

Con relación a la compra de periodistas por parte de las autoridades, mejor conocido como “chayoteo”, manifestó que siempre ha existido a pequeña o gran escala, aunque en diferentes modalidades.

2012, el año más letal 

Al decir que con el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán inició el clima de agresiones a periodistas, derivado de la crisis institucional y la llegada de los grupos criminales al territorio estatal.

Apuntó que en 2012 fue el año en que más comunicadores fueron asesinados, con cinco casos.

Indicó que esto trajo consigo que Javier Duarte de Ochoa decidiera crear la CEAPP, en parte posiblemente para aliviar las presiones políticas por este problema y pensando que con ello ya todo se iba a solucionar y se iba a atender a los familiares de las víctimas, lo que para él no ocurrió: “Aún estamos muy lejos, remotamente lejos de alcanzar ese objetivo”.

Aseguró que ejercer el periodismo es por sí misma una actividad riesgosa, independientemente de las células del narcotráfico, a lo cual se suma su vida personal y que muchos reporteros decidieron “ser informantes” o dedicarse a actividades políticas, vincularse a las actividades delictivas o actividades económicas paralelas como el ambulantaje o conflictos intergremiales, que los ponen en riesgo.

El ex secretario Ejecutivo dijo que esto genera cuestionamientos en torno a la actuación de la CEAPP y si debe atender a los periodistas que están en riesgo por sus actividades políticas, gremiales o económicas alternas al oficio periodístico. 

Esta realidad violenta hacia los profesionales de la comunicación, acotó, se ve impactada también con el clima de impunidad que existe en la entidad y que al no cerrarse envía un “incentivo” de que se puede agredir o matar a reporteros sin que haya consecuencias. 

“Estamos hablando de todo esto que está creando esas condiciones de tanta exposición y vulnerabilidad de los periodistas de Veracruz. Se ha vuelto muy complejo el fenómeno”, reconoció y expresó que lo único que ha hecho la Comisión es “contener el fenómeno” y atender a las víctimas indirectas y las secuelas que estos hechos violentos les causan.

Caso Regina Martínez

Morales Vázquez expresó que la CEAPP no tuvo acceso al expediente del caso Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012, porque así lo decidió su familia y la información que logran obtener fue a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que se aseguraba que su muerte derivó de un robo.

Pero posteriormente se conoció la vertiente de que quienes le quitaron la vida estaban involucrados en actividades de narcomenudeo, es decir, unidos a una estructura delincuencial más amplia que pudo utilizarlos para matarla, tal y como se presume en un reportaje internacional publicado hace unas semanas.

Confesó que en la FGE les informaron que su quehacer periodístico no estaba incluido dentro de las líneas de investigación, por lo que ahora, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó reabrir el caso es importante explorar esa línea y buscar un móvil. “Sí sería conveniente que se haga esa investigación”. 

En cuanto al asesinato de Rubén Espinosa, ocurrido en la Ciudad de México el 31 de julio de 2015, dijo que la Comisión tampoco tuvo acceso al expediente por haber ocurrido en otra entidad federativa; sin embargo, mencionó que cuando él aún vivía le confesó que temía por su vida, por lo que estaba buscando apoyo de organizaciones en la capital del país y en Xalapa para irse, porque no confiaba en las instituciones veracruzanas tras la sospecha de que Javier Duarte y Arturo Bermúdez Zurita buscaban causarle algún daño.

En estos y otros casos donde han perdido la vida los comunicadores veracruzanos, acotó, se dejaron de garantizar los derechos garantizados en la Constitución mexicana, ello porque a su juicio, las instituciones están cooptadas, debilitadas y controladas. 

Las Vázquez Saut y Los Tronco, con nexos turbios

Reiteró su asombro de que haya actores políticos involucrados con la muerte de comunicadores que siguen libres y están siendo tolerados, colocando como ejemplo a las hermanas Vázquez Saut, quienes figuran en la investigación de la desaparición de Gabriel Fonseca “Cuco”, el 17 de septiembre de 2011 en el municipio de Acayucan, pues su jefe policiaco tenía supuestos vínculos con Los Zetas. 

Dijo desconocer si con todos estos indicios de impunidad “y borrón y cuenta nueva”, se demuestran los acuerdos simulados que libran a esos actores de su responsabilidad en la privación de la vida de los periodistas en Veracruz.

“Los Tronco (familia) también son un caso, vayan al sur, de verdad se van a dar cuenta cómo están las cosas de descompuestas, cómo están estos personajes ahí presentes y en ese contexto muchos periodistas están haciendo su labor”, enfatizó.

Desinterés por mejorar condiciones laborales de los periodistas

Lamentó también que exista desinterés desde el Congreso del Estado y Federal para aprobar iniciativas que mejoren las condiciones laborales de los periodistas, como es el caso de una propuesta que reformaba la Ley Federal del Trabajo para incluir a la actividad periodística como una actividad especial y se le fijaba un sueldo profesional.

“Eso a nadie le interesa, hay muchos intereses de empresas. Muchos hablan, veo que opinan y dicen aquí y allá, en su momento los busqué, les hablé y les pedí apoyos y muchos la verdad tuvieron como respuesta que lo vamos a ver después, que no hay que meterse”, afirmó.

Jorge Morales Vázquez expuso que si se quisiera respetar el derecho a un salario remunerador que dignifique la vida de las personas, en este caso los comunicadores, establecido en la Constitución Federal, entonces se crearía una ley de Comunicación Social que impidiera a todas las autoridades a contratar bienes y servicios de empresas que no cumplen con este precepto.

Recordó que él impulsó un proyecto de Ley en el que se precisaría que los medios debían contar con una certificación de la autoridad laboral (IMSS) en la que se demostrara que su nómina estaba regularizada con pago del salario legal y prestaciones, y así tener derecho a inscribirse en el padrón para hacer convenios con el gobierno. 

“Es una forma de tutela a un sector vulnerable periodístico, es algo que legalmente es posible, pero políticamente no es conveniente y esa propuesta se enfrentó a muchas dificultades”, reseñó.

También aseguró que hay “inercias burocráticas” que han impedido que la Comisión realice su función de capacitación y profesionalización del gremio periodístico; aunque presumió que hoy en día es “más ágil” en su actuar.

'No hubo dedazo a favor de Israel Hernández'

Confió en que su sucesor, Israel Hernández, hará un buen trabajo y seguirá con esta tarea de dinamizar la institución y darle solución a los problemas, negando que su llegada se deba a una imposición de su parte, como una estrategia para seguir manteniendo el control.

“¿En qué me beneficiaría?”, se preguntó para negar que haya hablado con algún servidor público para recomendarlo. “¿Como por qué me tendría que hacer caso el gobierno si la apreciación ha sido que la CEAPP es yunista, panista?”, insistió.

“Si Israel está aquí y fue nombrado es porque él se propuso y se le tomó en cuenta (…) no sé de dónde sacan eso, siempre es buscarle por donde sea (…) y yo de aquí me voy con lo que gané, con lo que percibí de salario y hasta ahí, no dejo negocios aquí, ni nada y pueden revisar”, aseguró.

“No me voy satisfecho”

El ex integrante de la CEAPP aseveró que sería “un insulto o una ofensa” decir que abandona su encargo satisfecho por el trabajo realizado, aunque acotó que dio todo su esfuerzo, energía, capacidades y experiencia por lograr el trabajo en favor de los periodistas.

“Me voy frustrado porque al final de cuentas es un problema que no está resuelto. No se pudo lograr ese objetivo, cuando entré aquí pensé que sí se podía, pero la verdad es que no, por la complejidad que hay. A mí me deja con esa frustración”, refrendó.

Dijo que cuando llegó a la institución había salarios altos y la nómina consumía el 85 % de todo el presupuesto asignado por el Congreso del Estado. “Era disfuncional porque no habían estrategias o esquema que ampliaran el espectro de atención a periodistas”.

Jorge Morales Vázquez indicó que es la que recibe menos recursos de todos los órganos autónomos del estado, por lo que no está diseñada para tener una estructura burocrática grande, como otros; generando un problema de recursos una vez que los diputados decidieron que debía contar con una Contraloría Interna con tres áreas y con ello, mayor contratación de personal.